Más allá de la coca, Estados Unidos sitúa a la corrupción como el eje central para reevaluar a Bolivia. Washington advierte que facilita el narcotráfico y traba investigaciones, convirtiendo su combate en la condición clave para revisar la calificación del país.
Bolivia permanece entre los países que Washington considera que fallaron de manera demostrable en sus compromisos contra las drogas, una condición que arrastra desde hace años. Pero la resolución estadounidense para 2027 introduce un elemento central para el nuevo escenario: Reconoce un giro en la cooperación bajo el gobierno de Rodrigo Paz y deja abierta una revisión de la calificación si el país reduce la producción ilícita de drogas y muestra resultados sustanciales contra una corrupción que, según Estados Unidos, continúa facilitando el narcotráfico y obstaculizando investigaciones.
La inclusión de Bolivia en la lista estadounidense de países vinculados a la producción o tránsito de drogas no constituye, por sí sola, la principal novedad de la última determinación presidencial enviada al Congreso de Estados Unidos. Bolivia aparece desde hace años en las evaluaciones de Washington y, desde 2008, ha sido clasificada reiteradamente como un país que en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales antidrogas.
Lo diferente esta vez está en otra parte del documento. La determinación presidencial para el año fiscal 2027 mantiene a Bolivia dentro de los 23 principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, pero la coloca además en un grupo considerablemente más reducido: solamente Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia fueron considerados por Washington como países que durante los últimos 12 meses no realizaron esfuerzos sustanciales suficientes para cumplir sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico.
En 2025 eran cinco: Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela. En la evaluación de este año, Venezuela abandonó esa segunda categoría, mientras Bolivia permaneció en ella, pero al mismo tiempo, Washington reconoce que la relación antidrogas con Bolivia está cambiando.
La resolución afirma que durante el último año la cooperación entre ambos países se amplió “significativamente”, destaca la reanudación de la coordinación entre organismos de seguridad para enfrentar la producción ilícita de drogas y las redes criminales y menciona expresamente la captura y posterior traslado a Estados Unidos de Sebastián Marset, ocurrida en marzo de 2026.
Es decir, Bolivia permanece reprobada mientras Estados Unidos reconoce que su cooperación con el país está aumentando.
Más allá de la coca
El documento introduce, sin embargo, una observación que amplía el problema más allá de hectáreas cultivadas, erradicación o decomisos: “Corruption in Bolivia continues to facilitate drug trafficking and impede investigations (la corrupción en Bolivia sigue facilitando el tráfico de drogas e impide las investigaciones”, señala la determinación presidencial.
La afirmación adquiere relevancia porque Washington establece inmediatamente después las condiciones bajo las cuales podría reconsiderar la calificación boliviana. Estados Unidos señala que observará durante el próximo año dos resultados: Avances en la reducción de la producción ilícita de drogas y “progresos sustanciales” contra la corrupción que, según el documento, debilita al país.
La resolución no identifica funcionarios, fiscales, policías, jueces ni investigaciones específicas afectadas por esa corrupción. Tampoco atribuye esos hechos al actual Gobierno. Por tanto, el documento no permite establecer a qué casos concretos se refiere Washington, pero sí convierte expresamente la capacidad boliviana para combatir la corrupción vinculada al narcotráfico y evitar que esta interfiera en investigaciones en uno de los parámetros que Estados Unidos observará para una eventual revisión del estatus del país.
Ese elemento quedó en segundo plano en parte de la discusión pública boliviana, concentrada principalmente en determinar a qué gobierno corresponde la nueva “descertificación”.
El Gobierno de Paz: “Se ha referido a la anterior gestión”
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, respondió el 17 de septiembre que la evaluación estadounidense corresponde al gobierno anterior: “No se ha referido a nuestra gestión, se ha referido a la anterior”, declaró. La explicación tiene un respaldo parcial en el propio documento estadounidense.
La Casa Blanca señala expresamente que el gobierno de Rodrigo Paz todavía “no ha tenido suficiente tiempo” para reducir el cultivo de coca que aumentó durante la administración precedente. También diferencia políticamente ambas etapas y presenta la llegada de Paz como el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.
Sin embargo, la evaluación estadounidense abarca los 12 meses anteriores, por lo que el periodo examinado no se limita exclusivamente a una administración. Y, sobre todo, la condición que Washington establece hacia adelante -reducción de producción ilícita y avances contra la corrupción- recae necesariamente sobre las instituciones que actualmente conducen la política antidrogas boliviana. En resumen, la resolución contiene simultáneamente una evaluación del pasado y una advertencia hacia el futuro.
De la expulsión de la DEA a su regreso 17 años después
La dimensión del cambio se entiende mejor observando la secuencia completa. En 2008, durante el Gobierno de Evo Morales, Bolivia expulsó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), acusándola de injerencia política. Desde entonces, las administraciones estadounidenses continuaron clasificando anualmente a Bolivia como un país que había “fallado de forma demostrable” en sus compromisos internacionales antidrogas.
En la determinación correspondiente al año fiscal 2025, durante la administración de Joe Biden, Bolivia aparecía junto a Birmania y Venezuela en esa categoría.
Un año después, ya bajo Donald Trump, la lista para 2026 mantuvo a Bolivia e incorporó también a Afganistán y Colombia: cinco países quedaron entonces en la categoría de incumplimiento demostrable. Mientras esa evaluación seguía vigente, el escenario boliviano comenzó a cambiar.
En febrero de 2026, el Gobierno de Rodrigo Paz confirmó la reanudación de la cooperación operativa con la DEA después de 17 años. El ministro Oviedo explicó entonces que la estrategia buscaba sumar también cooperación de organismos europeos y de agencias antidrogas de países vecinos frente a redes criminales cada vez más transnacionales. Menos de un mes después ocurrió un hecho que Washington ahora utiliza como evidencia de esa nueva cooperación.
Marset, la señal que Washington destacó
El 13 de marzo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y trasladado posteriormente a Estados Unidos. El Ministerio Público boliviano informó entonces que mantenía seis acusaciones formales contra el uruguayo y que abriría además un nuevo proceso por tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que Marset encabezaba una organización que traficaba miles de kilos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y que operaba, entre otros países, en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Las acusaciones estadounidenses continúan siendo alegaciones que deberán resolverse judicialmente.
En esa oportunidad, la DEA agradeció públicamente la cooperación de las autoridades bolivianas y destacó la importancia de las nuevas alianzas internacionales. Seis meses después, la captura apareció expresamente incorporada en la determinación presidencial estadounidense como uno de los ejemplos del nuevo nivel de cooperación con Bolivia.
El contraste resulta significativo: Washington considera insuficiente el desempeño general boliviano de los últimos 12 meses, pero utiliza uno de los mayores casos recientes de crimen organizado transnacional como prueba de que la relación bilateral está cambiando.
La coca se expande
La otra mitad de la evaluación estadounidense tiene respaldo en una tendencia que no comenzó este año. El monitoreo de Naciones Unidas, correspondiente a 2024, calculó 34.000 hectáreas de coca en Bolivia, un incremento del 10% respecto de 2023. El aumento fue particularmente pronunciado en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie creció 18%, hasta 14.275 hectáreas, cuando la legislación boliviana permite hasta 22.000 hectáreas para usos legales.
UNODC estimó además para 2024 una producción potencial de 72.887 toneladas métricas de hoja de coca secada al sol. Bajo distintos escenarios sobre la cantidad disponible para mercados lícitos, el organismo calculó diferentes niveles de producción potencial de cocaína; por ello, esas estimaciones no equivalen a afirmar que toda la coca cultivada en Bolivia termina convertida en cocaína.
El 9 de septiembre, apenas días antes de conocerse la determinación estadounidense, el Ministerio de Gobierno informó la incautación de más de 80 avionetas, presuntamente utilizadas para transportar cocaína durante nueve meses de gestión, además del desmantelamiento de centros de procesamiento. Se trata de cifras proporcionadas por el propio Ejecutivo boliviano.
“Descertificado”, pero con asistencia estadounidense
La legislación estadounidense prevé restricciones a determinada asistencia para los países clasificados como failed demonstrably. Sin embargo, el presidente puede exceptuarlas cuando determina que mantener esa cooperación resulta “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense explica expresamente ese mecanismo y Trump utilizó esa excepción para Bolivia.
La misma resolución que mantiene al país entre los cuatro considerados incumplidores determina que continuar la asistencia estadounidense a Bolivia es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos. Por eso la decisión no supone una ruptura de la cooperación, y ocurre prácticamente lo contrario: La calificación negativa permanece mientras Washington profundiza su involucramiento con las instituciones bolivianas encargadas de enfrentar al narcotráfico. Este es uno de los cambios más importantes respecto de los años posteriores a la expulsión de la DEA.
De cinco países a cuatro, y Bolivia persiste
La comparación regional también permite dimensionar la decisión. Los 23 países incluidos en la lista general no están “descertificados”. Estados como México, Perú, Ecuador, China, Costa Rica o Panamá aparecen allí porque Estados Unidos considera que factores geográficos, económicos o comerciales permiten una producción o tránsito significativo de drogas o precursores. La propia resolución advierte que estar en esa lista no significa necesariamente que un gobierno esté incumpliendo sus obligaciones.
El segundo grupo es diferente. En 2025 fueron cinco los países señalados por incumplimiento demostrable. En 2026 quedaron cuatro: Bolivia continúa entre ellos, pero, a diferencia del escenario que marcó buena parte de los últimos 17 años, ahora lo hace mientras reconstruye simultáneamente su cooperación antidrogas con Washington.
La resolución deja así una situación aparentemente contradictoria: Estados Unidos mantiene la calificación negativa sobre Bolivia, reconoce resultados del nuevo Gobierno, considera estratégica la asistencia al país y ofrece revisar su evaluación dentro de un año.
La llave para esa revisión tampoco queda limitada a erradicar coca o decomisar cocaína. Washington ha puesto por escrito otro parámetro: si la corrupción continúa facilitando el narcotráfico y obstaculizando investigaciones.
La resolución no identifica casos, funcionarios, fiscales, jueces o policías; pero los antecedentes públicos y el aumento de los sicariatos y la impunidad permiten preguntar qué ha ocurrido en Bolivia cuando las investigaciones de narcotráfico han comenzado a acercarse al aparato encargado de combatirlo.
Maximiliano Dávila: Una estructura antidroga que terminó protegiendo la droga
Maximiliano Dávila Pérez fue director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la principal institución policial boliviana encargada de combatir el tráfico de drogas. Bolivia lo extraditó a Estados Unidos en diciembre de 2024. El 23 de octubre de 2025 fue declarado culpable después de un juicio con jurado y, en marzo de 2026, una corte federal de Nueva York lo condenó a 25 años de prisión por participar en una conspiración para importar cocaína y por un delito relacionado con armas.
La evidencia presentada en el juicio describió un mecanismo particularmente sensible para Bolivia. Según el Departamento de Justicia estadounidense, entre aproximadamente febrero y noviembre de 2019, cuando encabezaba la FELCN, y posteriormente, Dávila utilizó su cargo, sus contactos policiales y su capacidad de mando para facilitar una operación internacional destinada a movilizar más de una tonelada métrica de cocaína hacia Estados Unidos. Según la sentencia, no se limitó a ofrecer información.
Dávila planteó utilizar aeropuertos donde controlaba la seguridad; ofreció apartar personal de la FELCN mediante otro operativo para evitar interferencias durante la salida del cargamento y comprometió efectivos antidrogas armados para proteger el avión mientras era cargado.
El Departamento de Justicia sostiene, además, que autorizó una muestra de diez kilos de cocaína que llegó a Lima, Perú, en diciembre de 2019. Las reuniones y conversaciones fueron registradas por fuentes confidenciales de la DEA. El caso proporciona un antecedente judicialmente probado de algo más profundo que corrupción administrativa: La utilización de recursos de la institución creada para combatir el narcotráfico con el propósito de facilitarlo.
Marset
Sebastián Marset llevaba una vida de alto perfil en Santa Cruz hasta que el operativo policial para capturarlo fracasó a finales de julio de 2023. Después de escapar, el uruguayo afirmó desde la clandestinidad que había sido alertado sobre el operativo y acusó específicamente al entonces director nacional de la FELCN de haberlo ayudado.
La Fiscalía sí abrió investigaciones. El 9 de agosto de 2023, el Ministerio Público informó oficialmente que había citado a tres policías y un civil dentro de dos de las cinco investigaciones abiertas contra Marset.
Los tres efectivos policiales fueron convocados como testigos dentro de la investigación relacionada con el secuestro de un policía del Centro Especial de Investigación Policial durante el operativo frustrado. La cuarta persona fue convocada dentro de la investigación sobre documentos que Marset presuntamente había obtenido irregularmente. Los delitos investigados en esa vertiente eran concusión, incumplimiento de deberes y manipulación informática.
La Fiscalía dijo entonces algo que adquiriría importancia tres años después: Las investigaciones buscaban determinar quiénes habían facilitado la permanencia de Marset en Bolivia.
También fueron citados el director nacional de la FELCN, Ismael Tito Villca, y el director departamental antidrogas de Santa Cruz, Yumer Dante Justo Condori. Inicialmente solicitaron reprogramar sus declaraciones alegando que participaban en los operativos de búsqueda y posteriormente fueron convocados nuevamente. La investigación comenzaba a mirar hacia dentro de las propias instituciones.
Obstáculos y murallas
Seis días después de aquellas citaciones, la denuncia ya no provenía de Marset. Provenía del Gobierno boliviano.
El 15 de agosto de 2023, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que durante las investigaciones se habían encontrado “obstáculos y murallas” que pretendían favorecer la impunidad.
Según Aguilera, esas trabas estaban relacionadas con “personeros de la justicia y de otras entidades”. Para entonces, el Estado reportaba 169 inmuebles y 81 vehículos secuestrados en Santa Cruz, además de 45 armas de distintos tipos y calibres.
Dos semanas después, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue todavía más explícito. “No podemos descartar que haya existido favorecimiento de algunos policías, algunos fiscales, incluso algunos jueces”, declaró al referirse a las dificultades encontradas durante la investigación. Del Castillo sostuvo que habían encontrado “muchas y bastante traba” dentro del proceso.
Aquellas declaraciones documentan que el propio Gobierno reconocía en 2023 que investigaba la posibilidad de protección institucional alrededor de uno de los narcotraficantes más buscados de la región.
Cuatro expedientes no avanzaron más allá de la imputación
En marzo de 2026, después de que Marset fuera finalmente capturado en Santa Cruz, la Agencia de Noticias Fides (ANF) revisó el portal Justicia Libre del Ministerio Público para establecer qué había ocurrido con cuatro procesos abiertos en Santa Cruz tras su fuga de 2023.
El resultado fue revelador. Según la verificación de ANF, ninguno había llegado a acusación formal. Los expedientes permanecían en diferentes situaciones dentro de la etapa de imputación más de dos años después de haber sido abiertos.
El primero corresponde al código 701102012305616. Fue abierto el 1 de agosto de 2023 por legitimación de ganancias ilícitas. En Justicia Libre figuraba como “baja por acumulación”, lo que significa que fue acumulado a otro proceso.
El segundo, 701102012305640, fue abierto el 2 de agosto de 2023 por presunta falsedad material. En marzo de 2026 aparecía como “imputación para la notificación”.
El tercero, 701102302300374, fue abierto el 29 de julio de 2023 por tráfico de sustancias controladas. También figuraba en “imputación para la notificación”.
Y el cuarto, 701102012305550, fue abierto el 30 de julio de 2023 por secuestro. Su situación registrada era igualmente “imputación para la notificación”.
La revisión de ANF encontró además otro proceso en Beni relacionado con la presunta utilización de documentos de identidad falsos, investigación que alcanzaba al Servicio de Migración y se encontraba en etapa preparatoria.
Los datos permiten afirmar que cuatro procesos abiertos en Santa Cruz en 2023 no habían superado sustancialmente la etapa de imputación hasta marzo de 2026.
Capturaron a Marset y la Fiscalía tuvo que revisar sus propias causas
El 13 de marzo de 2026, Marset fue capturado en Santa Cruz. Ese mismo día, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que existían seis procesos penales con acusación formal contra el uruguayo en diferentes departamentos y anunció la apertura de otro por tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa, derivado del operativo de captura.
Pero Mariaca anunció además una decisión poco habitual. El Ministerio Público conformó “de manera urgente” una comisión especial de fiscales encabezada por el fiscal departamental de Santa Cruz y el coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico. Su tarea: revisar el estado de los seis procesos.
La revisión comprendía causas por narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados y delitos patrimoniales.
La comisión debía revisar además el cumplimiento de las medidas sustitutivas concedidas a varios imputados vinculados con Marset.
ANF revisó específicamente cuatro causas abiertas en Santa Cruz en 2023, que encontró estancadas en la etapa de imputación. La Fiscalía General, en cambio, informó después de la captura de seis procesos con acusación formal existentes en diferentes departamentos.
Los bienes que fueron incautados y después devueltos
La investigación de 2023 había alcanzado una parte importante de la estructura patrimonial asociada al entorno de Marset. Después de su fuga fueron secuestrados inmuebles, vehículos, hangares, avionetas, armas y otros activos. Tres años después, tras su captura, apareció una irregularidad potencialmente más delicada: parte de esos bienes había sido devuelta.
El 18 de marzo de 2026, el director nacional de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Héctor Montes, pidió al Consejo de la Magistratura revisar los procesos mediante los cuales bienes incautados en 2023 habían sido restituidos.
Montes señaló que se pretendía esclarecer posibles irregularidades en decisiones judiciales que permitieron devolver propiedades vinculadas a investigaciones por narcotráfico.
Ocho días después, ANF informó que el Consejo de la Magistratura había abierto un proceso disciplinario contra dos jueces de Santa Cruz por la presunta devolución irregular de bienes relacionados con el caso Marset. La FELCN había iniciado, paralelamente, una auditoría. Según la información recopilada por ANF, las posibles irregularidades podían ir más allá de las decisiones de dos jueces.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que los primeros elementos apuntaban también hacia actuaciones de Dircabi, el Ministerio Público y otras instancias estatales relacionadas con la disposición de esos bienes.
Uno de los casos mencionados resulta especialmente llamativo. Una quinta que había permanecido aproximadamente dos años bajo custodia de efectivos de Umopar fue devuelta y posteriormente volvió a ser incautada. El Consejo debía determinar si las actuaciones se ajustaron a la ley.
Una investigación que vuelve sobre el Estado
El patrón documental adquiere importancia porque las interrogantes alrededor de Marset no se limitan a cómo escapó. Incluyen cómo permaneció en Bolivia, cómo obtuvo documentación, quiénes conformaron su entorno económico, qué ocurrió con las investigaciones iniciadas después de su fuga y qué pasó con los bienes que el Estado había incautado.
Ya en agosto de 2023, la Fiscalía había detenido preventivamente a dos personas investigadas por legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio Público sostuvo entonces que había encontrado documentación que las vinculaba con Marset y señaló que los investigados presuntamente habían participado en la compra de inmuebles y prestado asesoramiento legal para facilitar su permanencia en Bolivia.
La investigación original, por tanto, no estaba restringida al narcotráfico. Había comenzado a seguir dinero, inmuebles, documentos, colaboradores y posibles facilitadores. Tres años después, algunas de esas preguntas reaparecieron tras su captura.
Crédito foto: Red Uno
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