Desde la captura de Sebastián Marset, el 13 de marzo, al menos diez personas han muerto en San Ignacio de Velasco en asesinatos, acribillamientos y hechos investigados como posibles ejecuciones o ajustes de cuentas. En algunos casos, la Policía ha mencionado al PCC y al Comando Vermelho; en otros, los móviles continúan abiertos. El Gobierno incorporó ahora otra variable: una posible disputa territorial posterior a la captura del narcotraficante uruguayo. Paralelamente, hay una reconfiguración territorial en la Chiquitania.
San Ignacio de Velasco volvió a despertar con muertos en los últimos días, como todo el año.
Apenas habían transcurrido alrededor de 24 horas desde los asesinatos de Ernesto Rodrigo Oliveira Zeballos y Gabriel Posiabo Fernández cuando, la noche del lunes 14 de septiembre, otras dos personas fueron acribilladas dentro de un inmueble del barrio San Martín.
Ya no se trata únicamente de los datos preliminares conocidos durante las primeras horas. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Julio e Israel, de 17 y 24 años, respectivamente. Uno era estudiante y debía concluir el bachillerato este año; el otro se dedicaba a la compraventa de motocicletas.
La Fiscalía estableció que el menor recibió 12 impactos de proyectiles calibre 9 milímetros y el joven de 24 años, 15 disparos, principalmente en el tórax y el cráneo.
Con ese nuevo doble asesinato, San Ignacio acumuló cuatro muertos por ataques armados en aproximadamente 48 horas, pero el problema es considerablemente mayor cuando se amplía la cronología.
Desde la captura en Bolivia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026, Caja Negra News pudo documentar al menos diez muertes violentas en San Ignacio de Velasco que presentan características de ejecución, acribillamiento, posible sicariato o ajuste de cuentas. No todos los casos están esclarecidos y no todas las víctimas tenían antecedentes.
Tampoco existe evidencia que permita atribuir todos los asesinatos a una misma organización ni reducir la violencia de San Ignacio exclusivamente a una confrontación entre el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). En algunos expedientes, la Policía sí ha mencionado expresamente a esas organizaciones. En otros aparecen narcotráfico, armas, sustancias controladas, ciudadanos brasileños o posibles ajustes de cuentas. Y en varios casos, el móvil continúa sin establecerse.
El 13 de marzo marcó un antes y un después de los sicariatos
Sebastián Enrique Marset Cabrera fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz, después de permanecer prófugo desde julio de 2023. Tres días después ya se encontraba en Estados Unidos.
La DEA informó que el 16 de marzo compareció ante un tribunal federal de Alexandria, Virginia. La acusación estadounidense sostiene que Marset dirigía una organización dedicada al tráfico de cocaína que operaba, entre otros países, en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La captura permite establecer un punto temporal objetivo para observar lo que ocurrió después en San Ignacio. Después de los cuatro asesinatos del 13 y 14 de septiembre, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó públicamente que en esa región existen PCC, Comando Vermelho y ciudadanos extranjeros, y describió lo que ocurre como pugnas de bandas que buscan controlar territorio.
Justiniano introdujo -además- a Marset en esa explicación: sostuvo que esa disputa se produce “principalmente después de lo que sucedió con Marset” y argumentó que la captura de grandes cabecillas puede generar desorden dentro de las estructuras criminales. Esta afirmación genera más preguntas que certezas: ¿Qué ocurrió con los territorios, rutas, negocios y estructuras criminales después de que uno de los principales narcotraficantes que operaba desde Bolivia desapareció abruptamente del escenario?
11 de abril: Ejecutado dentro de un bus
Menos de un mes después de la captura de Marset fue asesinado Víctor Murilo de Almeida, de aproximadamente 19 o 20 años. Trabajaba en una estancia y según las investigaciones preliminares, había discutido con dos personas que posteriormente se desplazaron en motocicleta siguiendo el recorrido de un bus. Cuando encontraron a Murilo dentro del vehículo, le dispararon.
Los primeros reportes contabilizaron alrededor de diez disparos y el caso fue investigado bajo diferentes hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas.
23 de abril: Un hombre degollado en una propiedad
Doce días después apareció otro cadáver. El cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de la propiedad San Joaquín, en la zona Mercedes Soliz, Distrito 4 de San Ignacio; presentaba signos evidentes de violencia y el examen externo hizo presumir inicialmente que había sido degollado. Junto al cadáver apareció una motocicleta.
La FELCC abrió una investigación.
Julio: Dos muertos y la hipótesis PCC – Comando Vermelho
El 12 de julio fueron asesinados Oscar Mauricio Gutiérrez Céspedes (36) y Sebatsián Ibáñez Arroyo (26). Ambos fueron encontrados acribillados dentro de un tinglado.
La Fiscalía estableció posteriormente que presentaban cuatro impactos de proyectiles calibre 9 milímetros en el cráneo y el rostro. El examen forense determinó como causas de muerte shock hipovolémico, fractura de cráneo, hemorragias internas y falla multiorgánica provocada por los disparos, mientras que los familiares señalaron que ambos trabajaban juntos en ganadería y que Gutiérrez tenía tierras.
En este caso, la Policía introdujo expresamente la hipótesis de una posible venganza relacionada con narcotráfico y la confrontación entre PCC y Comando Vermelho.
La Policía comenzó además a intercambiar información con autoridades brasileñas.
2 de agosto: Asesinaron a un veterinario
La siguiente víctima fue Luis Dagner Parada Espinoza, médico veterinario de 40 años, atacado aproximadamente a las 17:30 dentro de su domicilio, en inmediaciones de las calles Bolívar y Chiquitos.
Los atacantes se desplazaban en motocicleta, y versiones recogidas durante las primeras horas aseguraban que los agresores incluso habrían regresado después del primer ataque para volver a dispararle.
Después del crimen circularon datos sobre amenazas anteriores y sobre una supuesta lista de personas marcadas para morir, lista que no había sido confirmada oficialmente.
Agosto: De los asesinatos a una balacera
El 11 de agosto, San Ignacio registró otro episodio que no dejó muertos, pero que resulta importante para entender el contexto. Se produjo un enfrentamiento armado en el que participaron ciudadanos brasileños.
La Policía encontró posteriormente elementos relacionados con armas y comunicaciones y las autoridades investigaron el episodio dentro de la lógica de organizaciones criminales brasileñas.
La violencia había dejado de manifestarse únicamente mediante víctimas encontradas después de ataques selectivos. Ahora había hombres armados enfrentándose en territorio ignaciano.
Además, un allanamiento ejecutado días antes en San Ignacio había permitido encontrar armas y teléfonos cuyos mensajes eran investigados por un presunto tráfico de armamento y una posible conexión con el asesinato del subteniente Yerson Salazar en San Matías.
30 de agosto: Un adolescente baleado
La noche del 30 de agosto, cuatro hombres llegaron en dos motocicletas hasta una licorería. Dos descendieron y los otros esperaron. Entraron y dispararon contra un adolescente de 16 años.
La información policial posterior sostuvo que la víctima tendría vínculos con el Comando Vermelho y que los autores serían miembros del PCC.
Los investigadores también recogieron información según la cual los atacantes se habrían identificado como integrantes del PCC durante la ejecución.
13 de septiembre: Dos crímenes, pero en investigados en conjunto
La madrugada del domingo pasado fueron asesinados otros dos hombres. El primero fue Ernesto Rodrigo Oliveira Zeballos, de 36 años; el ataque ocurrió aproximadamente a la 01:00 en el barrio Pueblo Nuevo. La investigación encontró 18 casquillos calibre 9 milímetros y cuatro cartuchos calibre 12.
La autopsia estableció como causa de muerte un trauma craneal penetrante por proyectil de arma de fuego, lesiones en órganos vitales y múltiples impactos balísticos. Una revisión inicial de la Policía no encontró antecedentes registrados a su nombre.
Durante las primeras horas numerosos medios afirmaron erróneamente que Oliveira era hermano de Emilio Andrés Peña Hasbún, actual presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Velasco (AGASIV). Peña posteriormente desmintió públicamente esa información; Rodrigo Oliveira era en realidad hermano de Marcelo Oliveira, vicepresidente de AGASIV. Los reportes disponibles señalan además que Rodrigo administraba estancias ganaderas de su hermano.
Horas después -y no quince minutos después, como indicaron algunas de las primeras reconstrucciones- ocurrió el segundo asesinato.
Aproximadamente a las 05:00, en el barrio Guapasal, fue asesinado Gabriel Posiabo Fernández, de 22 años. Los investigadores encontraron 21 casquillos calibre 9 milímetros.
Los primeros elementos recogidos por la investigación indican que varios sujetos encapuchados ingresaron al inmueble y preguntaron por determinadas personas y por el supuesto paradero de drogas y armas.
Versiones iniciales señalaron además que los agresores habrían preguntado por una persona conocida como “Camacho” y realizado una videollamada para confirmar la identidad de Gabriel.
La Policía manejó inicialmente la hipótesis de que el crimen podía estar relacionado con narcotráfico y con una facción vinculada al PCC, pero la investigación fiscal todavía no ha cerrado esa explicación.
El fiscal departamental Alberto Zeballos informó posteriormente que, por la proximidad temporal y las características de ambos asesinatos, no se descarta que las muertes de Rodrigo Oliveira y Gabriel Posiabo estén relacionadas entre sí.
La respuesta dependerá de pericias balísticas, análisis de teléfonos, declaraciones y otros actos investigativos.
14 de septiembre: Julio e Israel, 27 impactos de bala
La noche siguiente ocurrió otro doble asesinato y los datos preliminares han cambiado sustancialmente con la investigación. Las víctimas fueron identificadas por familiares como Julio e Israel, de 17 y 24 años. Uno de los jóvenes estaba terminando el bachillerato y el otro se dedicaba a la compraventa de motocicletas.
El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:30 en el barrio San Martín, durante una transmisión en vivo que se realizaba dentro del inmueble, y que registró la irrupción de dos hombres armados. Los atacantes hablaban con acento brasileño.
Pero el dato más importante surgió posteriormente de la Fiscalía. Según el fiscal Sergio Riofrío, los hombres ingresaron preguntando por una tercera persona y después exigieron información sobre unos “bolsones” que contendrían armas y sustancias controladas. Los jóvenes dijeron no saber de qué hablaban. En respuesta, los atacantes realizaron una llamada.
Según la reconstrucción fiscal, una tercera persona habría ordenado que dispararan contra quienes se encontraban allí para evitar testigos. El menor de 17 años recibió 12 impactos calibre 9 milímetros, mientras que el joven de 24 años recibió 15, principalmente en tórax y cráneo. En total: 27 impactos de bala.
La Fiscalía informó además que ya identificó a uno de los dos presuntos autores materiales y a otras personas relacionadas con el hecho, y anunció la emisión de un mandamiento de aprehensión.
En alrededor de 48 horas, San Ignacio acumuló cuatro asesinados.
¿Qué tiene que ver Marset?
Existe una coincidencia temporal objetiva entre la captura de Marset y la racha de sicariatos y ajustes de cuentas.
Marset fue capturado el 13 de marzo. Desde entonces, San Ignacio registra una secuencia de asesinatos y episodios armados en la que las autoridades han mencionado narcotráfico, tráfico de armas, sustancias controladas, PCC, Comando Vermelho, ciudadanos brasileños y posibles ajustes de cuentas.
Pero esos elementos no aparecen de igual manera en todos los casos. Lo nuevo es que el propio ministro de Defensa introdujo públicamente la posibilidad de una disputa territorial posterior a la captura de Marset.
Ernesto Justiniano afirmó que en la región operan PCC y Comando Vermelho y sostuvo que existen bandas intentando controlar territorio “principalmente después de lo que sucedió con Marset”.
Otra interpretación fue planteada por el especialista en seguridad Jorge Santiestevan, quien sostiene que detrás de parte de la violencia existiría una disputa por bienes, inversiones, negocios y territorios relacionados con la organización que Marset dejó después de su captura. Santiestevan menciona en esa pugna al PCC, al Comando Vermelho y al denominado Primer Comando de Uruguay.
Existe, además, una secuencia temporal llamativa. Tras su llegada a Estados Unidos, Marset enfrentó diferentes actuaciones judiciales. Una audiencia inicialmente programada fue trasladada al 1 de abril a pedido de su defensa. Diez días después, el 11 de abril, Víctor Murilo fue ejecutado en San Ignacio.
Posteriormente, Marset tenía una audiencia considerada importante para el 1 de julio en Estados Unidos. El 12 de julio, once días después, Gutiérrez e Ibáñez fueron ejecutados.
En septiembre, la defensa de Marset cuestionó judicialmente la legalidad de su captura en Bolivia y pidió que la acusación estadounidense fuera desestimada. Días después ocurrieron los asesinatos de Rodrigo Oliveira, Gabriel Posiabo, Julio e Israel.
Brasil en elecciones
Este 4 de octubre, Brasil celebrará elecciones generales y la seguridad pública se ha convertido en uno de los terrenos del debate electoral.
El PCC y el Comando Vermelho aparecen dentro de la discusión brasileña sobre crimen organizado y sobre las políticas que deberá adoptar el próximo gobierno. Entonces surge la pregunta: ¿Está ocurriendo simultáneamente una reconfiguración de organizaciones criminales brasileñas mientras Brasil atraviesa su proceso electoral?
La tierra también está cambiando de manos
Mientras San Ignacio de Velasco acumula asesinatos y las autoridades investigan disputas relacionadas con narcotráfico y organizaciones brasileñas, la Chiquitanía atraviesa otra transformación de gran escala: tierra, infraestructura, capital brasileño y expansión agropecuaria están convergiendo sobre el mismo territorio. En la campaña 2025-2026, la región superó las 204.000 hectáreas cultivadas con soya y otras 45.000 con maíz, según datos de Anapo, mientras el sector agropecuario la identifica abiertamente como una zona de expansión.
A ese proceso se sumó en 2026 Eraí Maggi Scheffer, uno de los mayores productores agrícolas de Brasil: el medio especializado brasileño AgFeed reportó que habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitanía y documentó su propuesta de reproducir en Bolivia el proceso de expansión que transformó Mato Grosso. El propio grupo Bom Futuro respondió que esas eventuales inversiones serían personales de Maggi y no de la compañía.
El acercamiento dejó de ser únicamente empresarial el 31 de julio, cuando San Ignacio se convirtió en sede de una reunión de integración Bolivia-Brasil. El Gobierno boliviano y autoridades de Mato Grosso acordaron iniciar los estudios de un nuevo corredor San Ignacio–Marfil–frontera brasileña, presentado oficialmente como una vía para fortalecer la integración logística y comercial.
La delegación brasileña incluyó a más de 50 empresarios de infraestructura, agronegocios, energía y servicios. Maggi estuvo en San Ignacio durante esas jornadas, en las que se habilitó temporalmente el aeropuerto para recibir vuelos internacionales y aviones privados. La nueva carretera conectaría la Chiquitanía con Vila Bela da Santíssima Trindade, en Mato Grosso; especialistas ambientales consultados por Mongabay advirtieron que la apertura del corredor puede acelerar la deforestación y el cambio de uso de suelo para soya y ganadería.
La expansión ocurre sobre un territorio que ya arrastra conflictos ambientales y de tenencia. WWF identifica entre las principales amenazas de la Chiquitanía Norte el cambio de uso de suelo asociado al crecimiento de la ganadería y, más recientemente, de la soya, además de asentamientos no planificados, incendios y extracción ilegal de madera.
En San Ignacio, ocho comunidades indígenas denunciaron fumigaciones aéreas con agrotóxicos y afectaciones sobre agua, suelo, salud y sistemas tradicionales de vida, según una investigación de la Clínica Jurídica de Interés Colectivo de la Universidad Católica Boliviana difundida por CEDIB. Y el debate alcanza directamente a las nuevas inversiones: investigadores del IISEC-UCB documentó el caso del predio forestal INPA, de 30.019 hectáreas, considerado un corredor ecológico rodeado por desmontes e incendios, cuyo futuro quedó bajo discusión ante versiones de una eventual adquisición vinculada a Bom Futuro. La ABT sostuvo que el predio continúa protegido por su régimen de manejo forestal, aunque los investigadores señalaron vacíos que pueden favorecer la posterior regularización de desmontes ilegales.
El otro antecedente es todavía más sensible: En Santa Cruz el tráfico de tierras ya ha sido documentado como una economía criminal y no únicamente como un conflicto agrario. InSight Crime reconstruyó redes en las que tráfico de tierras, tala ilegal e incendios se superponen: el bosque es desmontado o quemado para abrir espacio a agricultura y ganadería, mientras la madera extraída constituye otra fuente de ingresos.
En Bolivia, investigaciones periodísticas recientes también describen estructuras organizadas alrededor de ocupación y comercialización ilegal de tierras, con división de funciones, financiamiento y mecanismos destinados a legitimar posteriormente la posesión.
Nada de ello establece que la expansión agropecuaria brasileña, las inversiones anunciadas, los ganaderos de San Ignacio o el nuevo corredor vial estén relacionados con los asesinatos que investiga la Policía. Lo que sí documenta es que la violencia ocurre mientras la Chiquitanía atraviesa una reconfiguración territorial extraordinaria: crece la frontera de la soya y la ganadería, ingresan nuevos capitales, se proyecta infraestructura directamente hacia Brasil y persisten redes ilegales que también han convertido la tierra en mercancía.
Crédito foto: Unitel
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