Estados Unidos vetó a jueces, fiscales y exautoridades vinculados con casos sensibles de Bolivia. La medida alcanza a operadores cuestionados por decisiones en Narcomaletas, Misael Nallar y otros procesos, y reabre el debate sobre corrupción, impunidad y captura institucional del sistema judicial.
La decisión de Estados Unidos de revocar las visas de doce ciudadanos bolivianos y sus familiares puso bajo escrutinio internacional a fiscales, jueces, un magistrado constitucional, exautoridades, un jefe policial y un empresario que aparecen en algunos de los expedientes más sensibles de los últimos años.
Washington anunció este 28 de septiembre que aplicó restricciones migratorias contra personas a quienes considera vinculadas con acciones de corrupción o narcotráfico que afectan el Estado de derecho y la institucionalidad democrática. Sin embargo, el comunicado estadounidense no explicó públicamente qué hecho específico atribuye a cada uno de los doce bolivianos.
La falta de una fundamentación individual obliga a mirar sus antecedentes públicos. Al hacerlo aparecen nombres vinculados con “Narcomaletas”, el caso Consorcio, Las Loritas, Jesús Einar Lima Lobo y el presunto desvío de diésel subvencionado hacia la minería aurífera.
Antes de la mención de Estados Unidos, algunos fueron imputados o sancionados; otros emitieron decisiones cuestionadas; y en ciertos casos solamente ejercían responsabilidades jerárquicas dentro de las instituciones que debían investigar o controlar los hechos.
Aun con esas diferencias, los expedientes permiten identificar mecanismos que se repiten: detenciones preventivas sustituidas por detenciones domiciliarias, acciones de libertad para neutralizar órdenes de aprehensión, resoluciones fiscales de rechazo deficientemente fundamentadas, demoras en ejecutar sanciones y maniobras judiciales dirigidas a modificar la composición de tribunales.
“Narcomaletas”: Juezas y fiscales incluidos en la lista estadounidense
El denominado caso “Narcomaletas” investiga el presunto tráfico de sustancias controladas mediante equipaje enviado al exterior desde el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Entre los principales investigados apareció el exjuez Hebert Zeballos, procesado también por legitimación de ganancias ilícitas y vinculado con un galpón donde la Fiscalía informó haber encontrado equipos para almacenar, refrigerar y procesar marihuana.
La jueza Albania Chane Caballero Saavedra, titular del Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, permitió que la detención preventiva de Hebert Zeballos fuera sustituida por detención domiciliaria.
Posteriormente, la jueza Rosario Ximena Flores Paniagua firmó el mandamiento de libertad que permitió la salida de Zeballos del centro penitenciario. Ambas intervenciones corresponden a momentos diferentes: Chane adoptó la decisión cautelar y Flores Paniagua emitió el mandamiento para ejecutarla. Las dos juezas aparecen ahora entre las personas alcanzadas por la restricción estadounidense.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, también fue incluido en la lista. Zeballos dirigía institucionalmente la investigación de “Narcomaletas”. En enero de 2026 informó que seis personas estaban implicadas por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. También comunicó la aprehensión de Laura Rojas y el hallazgo de maquinaria presuntamente vinculada con el procesamiento de marihuana.
Su relevancia está en que ejercía la máxima dirección fiscal departamental cuando las decisiones judiciales modificaron la situación cautelar de uno de los principales investigados.
El mecanismo visible es concreto: una persona investigada por delitos graves pasa de la cárcel a la detención domiciliaria y posteriormente obtiene un mandamiento de libertad, mientras la investigación continúa abierta.
Martín Irusta: De abogado del masismo y Las Loritas a fiscal superior
Otro nombre incluido por Estados Unidos es el del fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores. Antes de ingresar al Ministerio Público, Irusta fue abogado de Harold Alberto Lora Seoane, propietario de la inmobiliaria Las Loritas.
El nombre de Lora aparece en investigaciones por estafa, violencia familiar y legitimación de ganancias ilícitas. Un expediente constitucional confirma que el Ministerio Público investigaba a Lora y otras personas por legitimación de ganancias ilícitas y había dispuesto la anotación preventiva de inmuebles relacionados con sus proyectos.
En septiembre de 2023, Irusta presentó una acción de libertad para dejar sin efecto una orden de aprehensión contra Lora dentro de un proceso por violencia familiar. El Tribunal Constitucional terminó denegando la tutela porque el reclamo debía plantearse primero ante el juez que ejercía el control de la investigación.
Irusta también defendió al exministro Juan Ramón Quintana Taborga. En octubre de 2020 presentó una acción de libertad atendida por la jueza Claudia Castro Dorado en una audiencia convocada un sábado a las 21:00 y concluida pasada la medianoche. La decisión dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Quintana.
Posteriormente, Irusta fue candidato a diputado por Alianza Popular y el 5 de febrero de 2026 ingresó al Ministerio Público como fiscal superior. Desde esa posición pasó a formar parte de la institución contra la que anteriormente había litigado para neutralizar órdenes fiscales de aprehensión.
Caso Consorcio: El intento de sustituir a una magistrada
Estados Unidos también revocó la visa del exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Ramiro Campero Villalba.
Campero es uno de los investigados del caso Consorcio, surgido tras conocerse un audio sobre una presunta operación político-judicial para apartar del Tribunal Supremo de Justicia a la magistrada titular por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez.
La investigación sostiene que se utilizó una acción de cumplimiento para obtener una resolución que suspendiera a Coaquira y permitiera que Campero, como suplente, asumiera el cargo.
Campero Villalba fue aprehendido e investigado por tráfico de influencias y consorcio de jueces, fiscales y abogados. Posteriormente recibió detención domiciliaria. La investigación fue ampliada por organización criminal y, en 2026, la magistrada Coaquira informó que esperaba la presentación de la acusación formal.
La declaración atribuida al juez Marcelo Lea Plaza añadió un elemento central: Campero habría estado presente en una reunión donde se habló de la acción destinada a apartar a Coaquira y de que el asunto supuestamente venía instruido desde el Ministerio de Justicia.
El exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, cuyo nombre también aparece en la lista estadounidense, declaró en este expediente, pero lo hizo en calidad de testigo. No existe en las fuentes revisadas una imputación pública contra Lima dentro del caso Consorcio. El ministro investigado e imputado fue su sucesor, César Adalid Siles Bazán.
El mecanismo investigado no se limita a una resolución judicial discutible: se trata de una acción presuntamente direccionada para remover a una magistrada electa y entregar su cargo al suplente que resultaría beneficiado.
Israel Campero: el caso Lima Lobo y una sanción sin ejecutar
Otro de los alcanzados por la medida estadounidense es el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Israel Ramiro Campero Méndez.
Cuando ejercía como vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Campero fue cuestionado por una decisión que concedió detención domiciliaria a Jesús Einar Lima Lobo Dorado.
Lima Lobo fue posteriormente identificado en fuentes internacionales como presunto líder de una estructura relacionada con el Primer Comando de la Capital de Brasil (PCC) y organizaciones colombianas dedicadas al narcotráfico.
Por su actuación en ese proceso, Campero recibió una sanción disciplinaria de suspensión por un mes sin goce de haberes. Sin embargo, en 2023 un senador denunció que el Consejo de la Magistratura llevaba más de un año sin ejecutar la sanción. El Tribunal Constitucional había dejado vigente la resolución disciplinaria.
En este expediente aparecen dos mecanismos concatenados: La sustitución de la detención preventiva por detención domiciliaria en favor de una persona vinculada con el narcotráfico internacional; y la demora institucional en ejecutar la sanción impuesta al operador judicial que participó en esa decisión.
Campero también integró en 2023 la sala que suspendió las interpelaciones y censuras contra ocho ministros del gobierno de Luis Arce Catacora. Senadores presentaron una denuncia por presunto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución.
En otros expedientes, el Tribunal Constitucional le dirigió llamadas de atención por incumplimiento de procedimiento y deficiente fundamentación, incluida una conminatoria expresa a someterse a la ley.
La medida estadounidense coloca ahora esos antecedentes bajo un nuevo nivel de escrutinio, aunque Washington no haya revelado cuál de ellos consideró determinante.
Álvaro Nava: Rechazos y resoluciones fiscales cuestionadas
El fiscal superior Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, también incluido en la lista, fue durante varios años fiscal departamental de Chuquisaca.
Durante esa gestión emitió resoluciones jerárquicas posteriormente cuestionadas ante el Tribunal Constitucional. En un expediente, el Tribunal concluyó que una resolución de Nava omitió responder argumentos centrales presentados por una de las partes, afectando el debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia.
En otro proceso se cuestionó que confirmara el rechazo de una investigación sin valorar concretamente los elementos aportados, sin responder todos los puntos de la objeción y sin explicar por qué validaba la actuación del fiscal inferior. El expediente constitucional identificó una lesión al derecho a obtener resoluciones fiscales debidamente fundamentadas.
Un tercer caso se originó en una denuncia por amenazas presentada el 22 de junio de 2023. La denuncia fue desestimada el mismo día. La denunciante objetó la decisión dentro del plazo, pero su impugnación no fue resuelta oportunamente pese a sus reiteraciones ante la Fiscalía Departamental.
José Luis Iriarte y el negocio del diésel para la minería
La medida estadounidense también alcanza al empresario José Luis Iriarte Cussi, quien aparece en una investigación conjunta de Revista La Brava y Mongabay Latam sobre el desvío de diésel subvencionado hacia la minería aurífera del norte de La Paz y Beni.
Según registros empresariales y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) revisados por los periodistas, Iriarte, su esposa y otros integrantes de las familias Iriarte Cussi e Iriarte Mercado concentraban alrededor de 13 estaciones de servicio en ambos departamentos.
Transportistas, mineros y pobladores entrevistados señalaron a Iriarte como uno de los presuntos operadores del desvío sistemático de combustible hacia zonas mineras. La Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que investigaba a José Luis Iriarte y a Iván Limachi Carvajal.
La estación de servicio Teoponte, perteneciente a Iriarte y su esposa, fue cuestionada por pobladores por supuestas ventas nocturnas, sobreprecio y desvío de combustible. Sin embargo, al momento de publicarse el reportaje, en diciembre de 2024, no constaba un proceso penal abierto directamente contra José Luis Iriarte. Familiares suyos sí aparecían en procesos por almacenamiento y comercialización ilegal de combustible.
El mecanismo documentado por la investigación periodística comprende: Concentración familiar de estaciones de servicio; control del transporte mediante empresas y camiones cisterna; presunto desvío de combustible subvencionado; reventa a la minería aurífe y ra; utilización de familiares o terceros como propietarios; controles estatales insuficientes;ausencia de información sobre el resultado de las investigaciones.
La presencia de Iriarte en la lista abre una pregunta concreta: Si la investigación estadounidense se relaciona con el presunto desvío de combustible, con operaciones de minería ilegal o con otro expediente que todavía no ha sido revelado.
La lista incluye además al expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Vía, al juez de La Guardia Rodrigo Aldo Vedia Espinoza y al coronel de Policía Frans William Cabrera Quispe.
Soto fue mencionado públicamente en el contexto de “Narcomaletas” por haber dirigido la Aduana. Vedia ejerció el control jurisdiccional de la detención preventiva de Misael Nallar Viveros en el caso del asesinato de tres policías en Porongo. Cabrera fue director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y posteriormente inspector general interino de la Policía. Participó en reuniones de cooperación con Brasil y con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos sobre Sebastián Marset Cabrera, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho. Hasta ahora no se conoce públicamente qué actuación individual motivó su inclusión.
El patrón detrás de los expedientes
Estados Unidos no explicó individualmente sus razones, pero la revisión de los casos conocidos muestra procedimientos que se repiten alrededor de personas con poder político, económico o capacidad de interferir en una investigación.
Detención preventiva convertida en domiciliaria, que aparece en “Narcomaletas” con Hebert Zeballos, en el caso Jesús Einar Lima Lobo y en el caso Consorcio con Iván Campero Villalba.
Asimismo, otro patrón son las acciones de libertad para neutralizar aprehensiones. Martín Irusta recurrió a esta vía en favor de Juan Ramón Quintana y Harold Lora. En el primer caso obtuvo la anulación de la orden de aprehensión durante una audiencia nocturna de fin de semana; en el segundo, el Tribunal Constitucional terminó denegando la tutela.
Un tercer accionar es el rechazo o debilitamiento de investigaciones. Los expedientes relacionados con Álvaro Nava muestran denuncias desestimadas, confirmaciones jerárquicas insuficientemente fundamentadas y objeciones no resueltas oportunamente.
Otro punto es la demora con efectos favorables, que puede impedir el control de una resolución, dejar vencer plazos o mantener sin ejecutar una sanción, como ocurrió con la suspensión disciplinaria de Israel Campero.
Asimismo, es un denominador común la manipulación de la estructura judicial. El caso Consorcio investiga una operación que no buscaba solamente ganar un proceso, sino apartar a una magistrada para que su suplente asumiera el cargo.
También está la puerta giratoria entre defensa privada y función fiscal. Martín Irusta pasó de defender a figuras políticas y empresarios investigados a ocupar un cargo de fiscal superior, sin que se conozcan públicamente los mecanismos aplicados para evitar conflictos con antiguos clientes.
La decisión de Estados Unidos no sustituye una investigación penal ni constituye una sentencia. Pero tampoco puede reducirse a un simple trámite consular. Al incluir conjuntamente a operadores que aparecen en expedientes sensibles, Washington lanzó una señal política sobre la credibilidad del sistema de justicia boliviano.
La cuestión pendiente es si las autoridades bolivianas investigarán los fundamentos de la medida o se limitarán a exigir que Estados Unidos revele la información que afirma poseer. Mientras eso no ocurra, los antecedentes públicos muestran algo concreto: detrás de varios nombres existen decisiones que favorecieron libertades, cerraron investigaciones, demoraron sanciones o intentaron modificar la composición del propio Órgano Judicial.
Reacción política y respuesta de Mariaca
El gobierno de Estados Unidos también declaró inelegible para ingresar a su territorio y revocó la visa americana al fiscal general del Estado, Roger Mariaca. El Departamento de Estado lo acusa formalmente de «corrupción significativa», sosteniendo que solicitó y aceptó sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia
Horas después de conocerse la decisión estadounidense, los presidentes de las cámaras del Órgano Legislativo pidieron que Roger Mariaca se aparte de la Fiscalía General del Estado y que se abra una investigación urgente e independiente sobre las acusaciones formuladas en su contra.
A este pronunciamiento se sumó el diputado Carlos Alarcón, quien sostuvo que, por encabezar el Ministerio Público, Mariaca debe dejar el cargo y someterse desde el llano a una investigación penal dirigida por fiscales que garanticen independencia y transparencia. Alarcón señaló que, si no renuncia, debería activarse un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Mariaca rechazó las acusaciones y respondió que el Ministerio Público no permitirá que determinaciones extranjeras influyan en su trabajo: “No aceptaremos que decisiones externas condicionen nuestras investigaciones”. El fiscal general defendió la independencia institucional del Ministerio Público frente a Estados Unidos.
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