Tras investigar el crimen organizado en Pataz y la corrupción estatal en Áncash, la periodista peruana Susy Aponte, «China Polo», fue asesinada. Su archivo revela un fenómeno latinoamericano: mafias disputando el control territorial, los recursos naturales y el poder local.
Antes de ser asesinada, la periodista peruana seguía minería, oro, bocaminas, extorsión, sicariato, policías, empresarios y autoridades. Sus investigaciones convergían en una pregunta que hoy atraviesa América Latina: qué ocurre cuando las organizaciones criminales dejan de limitarse al tráfico de productos y comienzan a disputar territorios, recursos naturales y estructuras del Estado.
“¿Quién manda en Pataz?” La pregunta encabezaba una de las últimas investigaciones de Susy Isabel Aponte Polo, la periodista peruana conocida como China Polo, asesinada el 19 de septiembre de 2026 mientras realizaba campaña electoral en Caraz, Áncash. Vista de manera aislada, podía parecer el título de otro reportaje sobre la violencia que rodea a la minería aurífera peruana. Revisada junto al resto de su trabajo, la pregunta adquiría otra dimensión: Aponte estaba intentando establecer quién ejercía realmente poder sobre territorios donde podían confluir minería, crimen organizado, empresarios, compañías de seguridad y agentes del Estado.
Durante los últimos meses, sus investigaciones habían ido conectando asuntos que normalmente aparecen separados en las noticias. China Polo seguía asesinatos, extorsiones y secuestros, pero también minería ilegal, apropiación de bocaminas, empresas de seguridad, policías, autoridades municipales, contratistas, fiscales y jueces. No todos los señalamientos contenidos en sus reportajes estaban judicialmente demostrados y algunos procedían de documentos policiales, testimonios, audios o fuentes reservadas que requerían todavía investigación oficial. Sin embargo, la agenda periodística que emerge de su archivo tiene una característica reconocible: Aponte no observaba solamente al delincuente, sino las relaciones económicas, territoriales e institucionales que podían permitirle operar.
Ese enfoque coincide con un fenómeno que distintas investigaciones internacionales vienen documentando en América Latina. Las organizaciones criminales ya no dependen exclusivamente del narcotráfico. En diferentes países han diversificado sus economías hacia la minería ilegal, explotación forestal, apropiación de tierras y otros recursos naturales. La Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ha advertido además que esas economías pueden entrelazarse con narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y penetración institucional. Cuando el negocio depende de un recurso que se encuentra físicamente en un territorio, el problema deja de ser únicamente transportar una mercancía: para explotarlo hay que permanecer allí, controlar accesos, proteger operaciones, desplazar competidores y garantizar que la actividad continúe.
Pataz: oro, violencia y control territorial
Pataz concentraba de manera particularmente clara esa preocupación en el trabajo de Aponte. Uno de sus reportajes recientes abordó el asesinato de Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz, y examinó documentación policial relacionada con Jefferson Paul Rodríguez Calderón, alias “Lombriz”, señalado dentro de la investigación del crimen. Pero el mapa presentado por China Polo era considerablemente más amplio que un homicidio: describía una estructura presuntamente vinculada con extorsión, secuestro, sicariato, minería ilegal y apropiación de bocaminas, y alrededor de ese universo aparecían también empresarios mineros, compañías de seguridad y miembros de la Policía.
La bocamina se convertía así en algo más que el escenario de un delito ambiental o económico. Controlarla podía significar acceso al oro y, al mismo tiempo, capacidad para decidir quién entra, quién trabaja, quién transporta la producción y quién obtiene beneficios de ella. Para mantener ese dominio pueden ser necesarias estructuras de vigilancia, hombres armados, rutas de abastecimiento, compradores, transportistas y mecanismos para proteger el dinero producido. En ese contexto, la pregunta “¿Quién manda en Pataz?” no apuntaba solamente a identificar al propietario legal de una concesión o al jefe de una organización criminal. Preguntaba quién tenía capacidad efectiva para ejercer poder sobre el territorio.
No era una incursión ocasional de Aponte en la zona. China Polo había seguido otros casos relacionados con Pataz, investigado empresas mineras y compañías de seguridad y publicado sobre policías procesados por presunta extorsión. También cubrió el caso de un capitán del Ejército que ejercía como jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz y fue detenido dentro de una investigación por supuestamente exigir dinero a un empresario. Se trataba de expedientes diferentes, pero colocados sobre el mismo territorio, muestran una convergencia que Aponte venía siguiendo: oro, seguridad, violencia, agentes estatales y disputa por el control de una economía local.
Ese fenómeno no es exclusivamente peruano. GI-TOC ha documentado en diferentes países latinoamericanos cómo el oro se ha convertido en una economía especialmente atractiva para organizaciones criminales debido a su alto valor, la posibilidad de mezclar producción legal e ilegal y su utilidad para introducir ganancias ilícitas en circuitos económicos formales. En Ecuador, por ejemplo, investigaciones recientes han identificado organizaciones criminales que penetraron partes del sector minero y utilizaron cadenas comerciales del oro para movilizar recursos de origen ilícito. En territorios amazónicos, además, minería ilegal, narcotráfico, tráfico de madera, apropiación de tierras, armas y explotación humana pueden superponerse dentro de los mismos espacios. Bolivia va por el mismo camino, y lo reflejan los sicariatos en aumento en el último tiempo.
Cuando el crimen necesita quedarse
Existe una diferencia fundamental entre traficar una mercancía a través de un territorio y apropiarse de la economía que funciona dentro de él. Una organización dedicada al transporte de cocaína necesita corredores, puntos de salida y protección logística. Una estructura que obtiene ingresos de una mina, de la madera o de la tierra necesita además permanecer. Debe asegurar el acceso al recurso, mantener alejados a sus competidores, controlar caminos, disponer de trabajadores y conseguir que la producción llegue al mercado.
Esa permanencia puede transformar la relación entre crimen y Estado. Allí aparece lo que distintos estudios describen como gobernanza criminal: situaciones en las que organizaciones ilegales desarrollan capacidad para imponer reglas, controlar determinadas actividades económicas o ejercer autoridad de hecho sobre poblaciones o espacios. No significa necesariamente que sustituyan completamente al Estado. En muchos casos, el poder criminal convive con instituciones formales, las corrompe, negocia con determinados funcionarios o aprovecha sus debilidades. Todo eso es lo que investigaba Susy Aponte, más conocida como China Polo.
Por eso la cooptación institucional constituye otra pieza del fenómeno. Para una economía ilegal territorialmente estable puede resultar más eficiente conseguir protección o neutralizar controles que enfrentarse permanentemente con el Estado. Policías, autoridades locales, organismos reguladores, fiscales y jueces se vuelven entonces actores relevantes, no porque todos formen parte necesariamente de estructuras criminales, sino porque sus decisiones pueden determinar si una actividad ilegal continúa, es investigada o queda impune.
Esa era precisamente otra característica del periodismo de Aponte: sus investigaciones no terminaban cuando aparecía el presunto delincuente. Intentaban seguir la cadena hacia las instituciones.
Del crimen organizado a quienes debían combatirlo
En Trujillo, China Polo investigó el secuestro del empresario Jens Lara Tantaquilla y publicó audios, imágenes, testimonios e información atribuida a fuentes policiales. Una de las líneas buscaba establecer si policías habían intervenido de alguna manera alrededor del secuestro y del pago del rescate. El programa también exploró relaciones entre personas del entorno investigado y facciones criminales relacionadas con Los Pulpos. Nuevamente, el interés no se limitaba a determinar quién había ejecutado el delito, sino a establecer qué estructuras podían existir alrededor de quienes lo cometían.
Aponte llevó esa misma lógica hasta los mandos superiores de la Policía. En octubre de 2025 difundió las denuncias del comandante retirado Francisco Rivadeneyra sobre supuestas irregularidades en operaciones destinadas a capturar a Erick Moreno Hernández, “El Monstruo”. Rivadeneyra acusaba a mandos policiales de haber interferido en esos operativos y China Polo presentó documentación y formuló preguntas públicamente a altos oficiales. Las acusaciones no equivalían a responsabilidades judicialmente establecidas, pero muestran que la periodista estaba investigando una cuestión más amplia que la existencia de organizaciones criminales: si determinadas instituciones encargadas de combatirlas podían estar siendo penetradas, utilizadas o neutralizadas.
En julio de 2026, China Polo publicó además cifras oficiales sobre corrupción en el sector Interior. Según los datos citados por el medio, durante los primeros seis meses del año se habían registrado 90 denuncias y 85 involucraban directamente a policías. La preocupación por la corrupción policial, por tanto, no aparecía únicamente en investigaciones construidas sobre fuentes reservadas, sino también en su seguimiento de información institucional.
El siguiente nivel: Municipios, contratos y justicia
El mismo método comenzó a aparecer en sus investigaciones sobre gobiernos locales. En Nuevo Chimbote, Aponte dedicó sucesivos programas al alcalde Walter Soto, personas de su entorno, funcionarios municipales y empresarios. China Polo afirmó haber accedido a documentación de inteligencia policial sobre una presunta estructura denominada “Los Intocables del Puerto” y posteriormente informó que la DIVIAC recogía declaraciones y documentación relacionada con funcionarios, empresarios y personas cercanas al alcalde. Las investigaciones abordaban contrataciones, obras, licencias y testimonios sobre supuestas amenazas. Soto ha rechazado públicamente las acusaciones formuladas contra él y su administración. La serie periodística continuó extendiéndose hacia fiscales, jueces y organismos de control.
América Latina: la disputa por la tierra también mata
Global Witness documentó al menos 124 defensores de la tierra y del ambiente asesinados durante 2025 y el 85% de esos crímenes ocurrió en América Latina. Más de la mitad de los asesinatos registrados estuvieron relacionados con disputas territoriales y en más de un tercio de los casos la organización identificó presuntos vínculos con crimen organizado o asesinos a sueldo.
Las cifras permiten observar un elemento que suele quedar escondido detrás de la categoría “ambiental”. Muchas víctimas no son atacadas simplemente porque alguien quiera destruir un bosque o contaminar un río. Pueden convertirse en obstáculos para actores que necesitan controlar la tierra y los recursos contenidos en ella. Defender el ambiente significa entonces, en determinados territorios, disputar intereses económicos extraordinariamente lucrativos.
Las amenazas llegaron antes
El 10 de septiembre de 2026, nueve días antes de su asesinato, Aponte afirmó públicamente haber recibido llamadas procedentes de tres establecimientos penitenciarios. Según su relato, quienes se comunicaron con ella le advirtieron que el jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo Farfán, habría ordenado un atentado en su contra. La periodista aseguró haber presentado denuncias ante las autoridades.
Dos días antes de morir denunció además problemas con su WhatsApp y líneas telefónicas que, según dijo, habían sido registradas a su nombre sin autorización. Aponte relacionaba esos episodios con sus investigaciones y denuncias de corrupción. Tampoco existe evidencia pública que permita vincular esos incidentes digitales con el asesinato, pero forman parte de la cronología de hostigamientos que ella misma había construido antes de morir.
De investigar el territorio a disputar su gobierno
En 2026 ocurrió además un cambio que no puede ignorarse. Susy Aponte dejó de ser solamente una periodista que investigaba el poder regional y se convirtió en candidata al Gobierno Regional de Áncash. Eso modificaba objetivamente su posición frente a los mismos asuntos que venía siguiendo.
Aponte fue asesinada mientras realizaba campaña en el mercado de Caraz. La investigación fiscal ha avanzado hacia la hipótesis de un asesinato por encargo y existen detenidos por su presunta participación. Si esa hipótesis se confirma, identificar al hombre que disparó será solamente el comienzo. Tocó muchos intereses del crimen organizado.
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