Demandan el esclarecimiento del crimen y la determinación de sus motivos. El nuevo pronunciamiento internacional no ha generado hasta ahora una respuesta pública equivalente de las autoridades bolivianas
Cuatro expertos independientes de Naciones Unidas exigieron al Estado boliviano una investigación eficaz e independiente sobre el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido el 30 de abril en Santa Cruz de la Sierra, y advirtieron sobre las consecuencias que el crimen puede tener para la independencia judicial, la protección del medio ambiente y el Estado de derecho.
El pronunciamiento fue publicado el 8 de septiembre por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y corresponde a cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados; Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
“El Gobierno de Bolivia debe garantizar que los asesinos del magistrado Víctor Claure Hinojoza sean llevados ante la justicia, que se esclarezcan los motivos del asesinato y que la familia sea reparada”, señala el comunicado.
Los expertos calificaron el crimen como “un grave ataque a la independencia judicial, al derecho al ambiente sano y al Estado de derecho” e instaron a las autoridades bolivianas a realizar una investigación eficaz e independiente, llevar a los responsables ante la justicia, esclarecer los motivos del crimen e implementar medidas de no repetición.
El comunicado recuerda que Claure era decano del Tribunal Agroambiental y que antes de convertirse en juez había desarrollado su carrera profesional en el servicio público técnico del sector agrario, después de iniciar su trayectoria como defensor de derechos ambientales.
Los expertos también señalan que el aparente asesinato por encargo podría estar relacionado con las funciones oficiales del magistrado, incluido su trabajo en defensa y protección del medio ambiente. En los meses anteriores a su muerte, Claure había trabajado en casos sensibles relacionados con minería ilegal, incendios forestales y acaparamiento de tierras.
Según el pronunciamiento de Naciones Unidas, casi cuatro meses después del crimen habían sido detenidas cuatro personas sospechosas de haber recibido y guardado la motocicleta utilizada por el sicario. Sin embargo, ni la persona que cometió el asesinato ni quien lo ordenó habían sido detenidos.
Los expertos advirtieron además que los riesgos enfrentados por Claure debido a los casos que atendía no constituyen un problema aislado y señalaron la necesidad de una protección eficaz del Poder Judicial cuando aborda cuestiones ambientales.
“El asesinato de un juez tiene un inevitable efecto disuasorio en todo el poder judicial si no va seguido de una investigación eficaz, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables”, señalaron.
El comunicado concluye indicando que los expertos comunicaron sus preocupaciones a Bolivia.
El caso volvió a ser difundido el 9 de septiembre por ONU Ginebra dentro de su resumen informativo internacional, bajo el apartado referido a Bolivia y la exigencia de justicia por el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Claure Hinojoza.
Cuando lo mataron, todos se pronunciaron; hoy el crimen está en el olvido
El contraste comienza con el propio sistema de Naciones Unidas.
El 1 de mayo, un día después del asesinato, ONU Bolivia emitió un comunicado oficial condenando la muerte de Claure y expresó sus condolencias a su familia, seres queridos y colegas.
“Hacemos un llamado a la investigación pronta y exhaustiva. Es imperativo que se identifiquen y sancionen a todos los responsables de este crimen”, señaló entonces Naciones Unidas en Bolivia.
El organismo manifestó además su solidaridad con el Órgano Judicial y reafirmó su compromiso de acompañar al Estado boliviano en el fortalecimiento de sus instituciones, la promoción de la paz y la seguridad y la protección de los derechos humanos.
El asesinato también provocó pronunciamientos y homenajes dentro del Órgano Judicial. Meses después, el propio Tribunal Agroambiental continuó reivindicando públicamente la trayectoria de Claure.
El 13 de agosto, durante el XXVII aniversario de esa institución, se realizó un homenaje póstumo al exdecano. El actual decano, Richard Cristhian Méndez Rosales, destacó su trayectoria como defensor de la protección ambiental y su trabajo desde la función jurisdiccional. El auditorio del Tribunal fue denominado oficialmente “Salón Auditorio Dr. Víctor Hugo Claure Hinojoza” en su memoria.
Cuatro meses después del asesinato, sin embargo, el nuevo pronunciamiento internacional plantea que el crimen continúa sin esclarecerse plenamente.
Los expertos de Naciones Unidas señalan que ni la persona que ejecutó el asesinato ni quien lo ordenó habían sido detenidos al momento de emitirse el comunicado. También plantean expresamente la posibilidad de una relación entre el crimen y las funciones oficiales desempeñadas por Claure, mencionando casos de minería ilegal, incendios forestales y acaparamiento de tierras.
Crédito: Los Tiempos
Ocho días antes de su asesinato, el Tribunal de Claure participaba de un foro contra los avasallamientos
El 22 de abril, ocho días antes del asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza, el Tribunal Agroambiental participó junto con la ABT, el Viceministerio de Tierras, el Tribunal Constitucional y la UAGRM en el Primer Foro Nacional Contra el Avasallamiento, convocado para establecer, mediante mesas técnicas, parámetros y propuestas frente a este delito.
La cita se produjo en medio de una agenda de coordinación que el Tribunal Agroambiental y la ABT habían formalizado semanas antes. En marzo, ambas instituciones suscribieron un convenio de cooperación para fortalecer la fiscalización y el control forestal.
Según la información difundida sobre ese acuerdo, el convenio garantizaba el acceso a un geovisor y sistemas de monitoreo para verificar de manera inmediata focos de calor, identificar desmontes ilegales y determinar las acciones correspondientes.
La ABT sostuvo entonces que el acuerdo buscaba avanzar hacia una gestión forestal basada en información técnica, trazabilidad y transparencia, frente a problemas como la deforestación, los incendios forestales y el ordenamiento territorial.
Claure, entonces decano del Tribunal Agroambiental, estuvo presente en el acto de firma del convenio junto a la presidenta del Tribunal, Roxana Chávez Rodas, otros magistrados y autoridades de la ABT.
El 7 de abril, además, Claure figura como magistrado relator de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª Nº 17/2026, correspondiente al Bosque Experimental Postrervalle de la UAGRM, en un proceso contra el director ejecutivo nacional de la ABT. Entre los antecedentes examinados por la sentencia aparecen planes de manejo forestal, superposición de predios y actuaciones relacionadas con desmontes en suelos forestales.
El 30 de abril, ocho días después del Foro Nacional Contra el Avasallamiento, Claure fue asesinado en Santa Cruz.
A inicios de junio de 2026, apenas un mes después del asesinato de Claure, hubo la primera Cumbre Nacional contra los avasallamientos en Cochabamba. Existe un Acta de conclusiones y recomendaciones firmada por las autoridades, con una mesa específica de Seguridad Ambiental y Territorial.
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