Los cambios normativos aprobados desde 2006, con Evo Morales, la expansión de distintas economías extractivas y las debilidades de control fueron configurando un escenario que especialistas internacionales describen como propicio para que actividades legales e ilegales terminen cruzándose. El reciente hallazgo de droga en madera vuelve a colocar la discusión sobre la mesa
El hallazgo de cocaína oculta en cargamentos de madera boliviana con destino a Europa volvió a poner a Bolivia en los titulares internacionales.
Pero detrás del decomiso apareció una pregunta ineludible. No sobre una empresa en particular ni sobre la actividad forestal en sí misma, sino sobre las condiciones que permitieron que una cadena legítima de exportación terminara siendo utilizada por organizaciones criminales desde hace más de una década.
El episodio parece encajar en algo que investigadores de InSight Crime, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) y el proyecto periodístico Amazon Underworld vienen describiendo desde hace años: Las economías ilegales ya no operan aisladas ni dependen exclusivamente de la cocaína.
En el informe Amazon Underworld: Criminal Economies in the World’s Largest Rainforest, los investigadores sostienen que «la línea entre los negocios legales e ilegales, y en ocasiones entre actores estatales y no estatales, se ha vuelto difusa».
El documento agrega que la Amazonía alberga «una compleja economía subterránea», alimentada por la demanda global y que las organizaciones criminales han diversificado sus actividades mucho más allá del narcotráfico tradicional.
La investigación identifica precisamente esa diversificación. El oro, la cocaína, la madera, las tierras, el mercurio, las pistas clandestinas, el transporte fluvial y las economías extractivas forman parte de un mismo portafolio criminal.
«La actividad también forma parte del portafolio criminal del PCC», señala el estudio al referirse a la minería ilegal, mientras que otros apartados muestran cómo las ganancias del narcotráfico se reinvierten en tierras, ganadería y otras actividades capaces de introducir capitales ilícitos en circuitos legales.
Aunque el informe está enfocado en la Amazonía regional y no pretende explicar específicamente la realidad boliviana, varios de sus hallazgos coinciden con fenómenos observados en el país durante las últimas dos décadas. Ninguna ley, ningún incendio y ningún decomiso explican por sí solos la evolución del crimen organizado. Sin embargo, observadas en conjunto, las piezas evidencian un panorama más complejo.
DEA
La expulsión de la DEA en 2008 marcó un punto de inflexión en la política antidrogas boliviana. Años más tarde, la Ley 337 permitió regularizar desmontes realizados sin autorización entre 1996 y 2011. En 2015, la Ley 741 autorizó desmontes de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades.
En 2017, la Ley General de la Coca amplió la superficie legal de cultivos de 12.000 a 22.000 hectáreas. Un año después, la Ley 1098 impulsó los biocombustibles y abrió nuevos incentivos para la expansión agrícola. En julio de 2019, el Decreto Supremo 3973 autorizó desmontes para actividades agropecuarias en Santa Cruz y Beni.
Posteriormente llegaron las discusiones sobre nuevos eventos transgénicos, el biodiésel y, finalmente, en 2023, la Ley 1503, que permitió al Banco Central de Bolivia (BCB) comprar oro del mercado interno para fortalecer las reservas internacionales.
Ninguna de esas medidas fue presentada para favorecer actividades ilícitas. Todas respondían a objetivos vinculados con la producción, la seguridad alimentaria, la soberanía energética o la estabilidad económica. Pero vistas en perspectiva, dejaron una pregunta abierta sobre las consecuencias no previstas de un modelo de expansión económica asentado sobre recursos naturales, crecientes presiones territoriales y capacidades de control frecuentemente insuficientes.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llegó a una conclusión similar en su informe especial sobre la Cuenca Amazónica. Allí define los «crímenes convergentes» como actividades que «se conectan, se superponen, se facilitan mutuamente y coexisten con delitos relacionados con las drogas y con delitos que afectan al medio ambiente», incluyendo corrupción, lavado de dinero y otras formas de victimización.
El mismo informe señala que la deforestación en la región no es consecuencia exclusiva de los cultivos de coca, sino de procesos mucho más complejos. La reinversión de ganancias del narcotráfico en tierras, desmontes, ganadería y otras actividades productivas aparece como una de las principales preocupaciones.
El fenómeno, conocido como narcodeforestación, ya había sido documentado en distintos países de América Latina y forma parte de una tendencia más amplia de diversificación de las organizaciones criminales.
Por eso, el caso de la narcomadera probablemente no habla solamente de madera. Tampoco únicamente de cocaína. Habla de la manera en que las fronteras entre lo legal, lo informal y lo ilícito pueden volverse cada vez más difusas cuando la velocidad de expansión de las economías supera la capacidad institucional para garantizar trazabilidad y control.
Tal vez esa sea una de las principales advertencias que deja Amazon Underworld. La amenaza para la Amazonía y para los países que forman parte de ella no proviene únicamente de un producto ilegal o de una organización específica. Proviene de la capacidad de las estructuras criminales para diversificar sus negocios y adaptarse a las oportunidades que encuentran en los márgenes de la economía formal.
Y quizás una de las preguntas pendientes para Bolivia, más allá de cuánta cocaína produce o cuántos cargamentos son decomisados, sea cuántas zonas grises fue acumulando en el camino, a la par de la diversificación de negocios del crimen organizado.
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