Una investigación de la plataforma periodística Connectas evidencia que en los últimos 20 años se crearon 36 nuevos municipios en el país, muchos sin cumplir los requisitos legales y algunos impulsados por congresistas sospechados por vínculos con el crimen organizado. Casi la mitad de estos territorios pertenecen a la “zona roja”, en el límite con Brasil, donde están los mayores índices de violencia y crimen organizado
En un informe clave, la plataforma periodística Connectas denuncia cómo el narcotráfico ha influido directamente en la reorganización territorial de Paraguay. En los últimos 20 años, el país creó 36 municipios nuevos, y casi la mitad de ellos están en los departamentos de Amambay y Canindeyú, en frontera con Brasil, una región marcada por altos niveles de violencia y crimen organizado, conocida como corredor de la marihuana.
Según Connectas, estos nuevos municipios no siempre cumplen con los requisitos legales mínimos (como población), lo que sugiere que algunos proyectos respondieron más a intereses políticos que a necesidades reales.
La investigación advierte que ese “redibujo” del mapa municipal facilita el control político del crimen organizado. El narco, con su poder económico, ha buscado penetrar en la política local: autoridades locales, concejales y diputados podrían estar alineados o ser cómplices de estructuras criminales.
Esta expansión no es inocua: La “zona roja” tiene algunos de los índices más altos de violencia en el país, y se perfila como un bastión para actores del crimen.
Además, Connectas señala que algunas iniciativas legislativas vinculadas a la creación de municipios comparten textos idénticos, lo que sugiere una coordinación detrás de escena.
Este fenómeno no solo refleja un problema de territorialidad, sino un riesgo institucional: Las fronteras políticas se han convertido en terreno fértil para que el narcotráfico consolide su presencia y su poder. Connectas lanza así una advertencia: sin reformas profundas, Paraguay podría estar perdiendo control sobre zonas clave donde el Estado y el crimen organizado compiten por la hegemonía.
Los hallazgos
Entre varios descubrimientos de Connectas, figuran el control territorial del cartel brasileño PCC, que ejerce un dominio casi total sobre esta región fronteriza, operando con una estructura logística y militar sofisticada. No solo trafica marihuana, sino que ha diversificado sus negocios hacia la cocaína y el contrabando de agroquímicos.
Otro hallazgo tiene es la alianza del crimen organizado con políticos, ya que la investigación señala acuerdos explícitos entre narcotraficantes y autoridades. A cambio de financiamiento de campañas y apoyo logístico, los políticos garantizan protección, obstruyen operativos antinarcóticos y desvían fondos públicos para obras que benefician el lavado de dinero de la organización criminal.
Asimismo, Connectas identificó a varios intendentes (alcaldes) y concejales directamente señalados por la justicia o por sus rivales políticos por tener vínculos con el narcotráfico. Estos cargos públicos son clave para el control del territorio.
También se encontró cooptación de instituciones, con el poder del narco tomando a instituciones locales, incluyendo a miembros de la Policía y el sistema judicial, con la creación de un ecosistema de corrupción que neutraliza el estado de derecho.
Por último, el informe de Connectas encontró que la región es extremadamente violenta, pues el PCC impone su ley mediante el asesinato de disidentes, testigos, periodistas y políticos que se le oponen. La investigación cita el asesinato del candidato a intendente Marcelo Pecci Alegre en 2021, presuntamente ordenado por el PCC.
La investigación de Connectas se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.connectas.org/especiales/narco-politica-zona-roja-paraguay//?utm_source=Newsletter&utm_medium=Mailchimp





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