Existen evidencias de operaciones digitales coordinadas. Granjas de bots, cuentas falsas y campañas de amplificación han sido documentadas en el país, mientras nuevas investigaciones apuntan a una disputa por controlar la conversación pública, atacar voces críticas y fabricar una apariencia de consenso.
Bolivia atraviesa una transformación de las formas tradicionales de propaganda y confrontación política en internet. Las redes sociales ya no funcionan únicamente como espacios donde ciudadanos, políticos y medios publican contenidos. Investigaciones recientes muestran indicios de estructuras capaces de fabricar interacción, multiplicar mensajes, amplificar ataques y alterar artificialmente la conversación pública.
Una de las evidencias más claras apareció en la investigación de ChequeaBolivia sobre las elecciones de 2019. El medio identificó 34 páginas de Facebook y 110 cuentas falsas que promovieron el voto blanco. Las páginas y cuentas habían sido creadas en períodos concentrados, desarrollaron una intensa actividad coordinada y posteriormente quedaron inactivas.
El análisis identificó granjas de bots.
ChequeaBolivia explicó que estas estructuras pueden utilizarse para incrementar artificialmente seguidores, difundir desinformación, imponer determinados discursos y manipular el debate político. La investigación concluyó que la campaña analizada mostraba patrones compatibles con una operación impulsada por personas alineadas con Evo Morales.
El fenómeno no desapareció. En 2026, nuevas investigaciones y denuncias volvieron a colocar las llamadas “granjas de bots” en el centro del debate político boliviano.
Chequea informó en agosto de 2026 sobre el hallazgo de lo que la Fiscalía boliviana describió como una “mini granja de bots” durante allanamientos vinculados con la investigación sobre Fernando Cerimedo. La defensa sostuvo que los equipos encontrados correspondían a teléfonos satelitales y módems y no necesariamente a una infraestructura destinada a operar bots.
El análisis técnico citado por Chequeado señaló, sin embargo, que una infraestructura compuesta por módems USB, un concentrador USB y un microservidor puede utilizarse para generar conexiones, administrar múltiples cuentas o automatizar determinadas operaciones. También se explicó que una granja de bots no necesita necesariamente una habitación llena de teléfonos: puede operar mediante servidores, servicios en la nube y sistemas destinados a multiplicar direcciones IP y cuentas.
El antecedente de Cerimedo es especialmente relevante porque el propio consultor había reconocido públicamente haber administrado alrededor de 50.000 cuentas artificiales en Argentina y otras en Chile, según una investigación de RTVU. Cerimedo sostuvo que esas cuentas eran utilizadas para monitorear conversaciones, generar contenido e incrementar su visibilidad.
En Bolivia, otro episodio muestra una dimensión distinta del mismo problema: la utilización coordinada de cuentas para atacar voces críticas.
Una investigación publicada por El País Bolivia en mayo de 2026 describió indicios de una estructura de cuentas utilizada para amplificar mensajes políticos, atacar a críticos y modificar artificialmente la conversación pública. El análisis de una publicación del investigador Gonzalo Colque relacionada con el avión CP-3243 y el ministro Mario Justiniano encontró una avalancha de reacciones negativas en cuestión de minutos.
El analista Wilmer Machaca señaló patrones que consideró incompatibles con una interacción orgánica normal, incluyendo un volumen extraordinario de comentarios concentrados en períodos extremadamente breves.
Estos episodios no permiten afirmar, por sí solos, quién ordenó cada operación ni que todas las cuentas involucradas sean bots. Pero sí muestran un cambio relevante en el ecosistema digital: la necesidad de investigar no solamente el contenido que circula, sino también la infraestructura que determina cómo y con qué velocidad circula.
La diferencia es fundamental.
Una campaña tradicional intenta convencer a personas. Una operación coordinada de cuentas puede intentar primero crear la apariencia de que miles de personas ya están convencidas.
Ese mecanismo puede producir una ilusión de consenso.
Una publicación puede recibir cientos de respuestas negativas en pocos minutos. Un determinado hashtag puede parecer espontáneamente popular. Una acusación puede multiplicarse entre cuentas aparentemente independientes. Un periodista puede convertirse en blanco de cientos de ataques simultáneos. Una versión falsa puede adquirir visibilidad simplemente porque un sistema automatizado la empuja repetidamente.
En ese escenario, el número de interacciones deja de ser una medida confiable del respaldo ciudadano.
La infraestructura digital también puede cruzarse con estructuras de poder político, empresarial o institucional. Un caso actualmente investigado en Bolivia involucra denuncias relacionadas con la eliminación masiva de páginas de redes sociales vinculadas al medio Red DTV y al periodista Junior Arias.
En abril de 2026, DTV informó que la Fiscalía amplió una investigación contra Hugo Armando Muñoz Egüez, entonces director de Comunicación de YPFB, por presuntamente haber encargado el retiro de páginas en redes sociales. La información fue presentada como parte de una investigación fiscal y se basó en actuaciones y declaraciones incorporadas al proceso.
DTV también informó que Arias solicitó investigar la participación de otras personas y señaló declaraciones según las cuales Muñoz habría contactado a terceros para conseguir la eliminación de páginas. Entre los nombres mencionados en esas actuaciones aparecen Yussef Akly, Ludwig Calderón y Fabricio Roca, además de personas mexicanas que, según las denuncias difundidas por el medio, habrían participado en esas gestiones.
Estos señalamientos deben distinguirse de hechos judicialmente probados. La existencia de una investigación fiscal demuestra que las autoridades están examinando las denuncias; no equivale a una sentencia ni prueba por sí misma la responsabilidad de los investigados.
Pero el caso resulta relevante para entender la evolución de las agresiones digitales porque plantea una pregunta diferente: quién tiene capacidad para conseguir que una plataforma retire o bloquee una cuenta, una página o un contenido y qué redes de intermediarios pueden intervenir para conseguirlo.
A esto se suma una segunda dimensión: las amenazas contra quienes investigan la desinformación.
En junio de 2026, la Asociación Nacional de la Prensa informó que Bolivia Verifica solicitó una investigación policial después de recibir una amenaza a través de WhatsApp relacionada con su trabajo de verificación.
El patrón comienza a mostrar varias capas: producción artificial de contenido, amplificación automatizada, ataques coordinados, eliminación de páginas, amenazas y presión sobre periodistas o verificadores.
No todas estas acciones necesariamente forman parte de una misma estructura. La evidencia disponible no permite afirmar que exista una única organización que controle todas estas operaciones. Lo que sí puede investigarse es la existencia de capacidades y métodos que pueden ser utilizados por actores diferentes.
En términos periodísticos, el cambio consiste en pasar de investigar únicamente “qué mentira se difundió” a investigar “quién creó la operación, qué infraestructura utilizó, quién pagó, quién administró las cuentas, desde dónde operaron, qué otras cuentas estuvieron conectadas, qué contenidos amplificaron y qué ocurrió después”.
Las cuentas, nombres de usuario, fotografías, dominios, números telefónicos, horarios de publicación, patrones de interacción, direcciones IP cuando están disponibles, registros de publicidad, empresas intermediarias, servidores, herramientas de automatización y transferencias de dinero pueden convertirse en piezas de evidencia.
También puede resultar revelador estudiar qué sucede después de una campaña.
Las granjas de bots identificadas por ChequeaBolivia en 2019 mostraron precisamente un comportamiento temporal: creación concentrada, actividad intensa y posterior abandono. Ese patrón puede convertirse en una huella.
Una operación digital puede desaparecer de la conversación pública, pero dejar rastros en bases de datos, archivos web, registros de publicidad, publicaciones antiguas, capturas, repositorios de transparencia de plataformas y documentos judiciales.
Deja un comentario