En menos de 48 horas, San Matías y Yapacaní concentraron una sucesión de asesinatos, ataques armados y mensajes intimidatorios. Las investigaciones no han demostrado que todos los hechos estén conectados ni que respondan a una misma organización, pero el silencio de las máximas autoridades vuelve inevitable la pregunta sobre si Bolivia está entrando en una fase distinta de violencia criminal
La primera escena estaba en una estancia próxima a la frontera con Brasil. La segunda, en una camioneta interceptada por hombres armados en otra comunidad fronteriza. La tercera apareció a cientos de kilómetros, en un camino rural de Yapacaní: Dos jóvenes maniatados, decapitados y abandonados junto a un mensaje que pretendía explicar -o quizás desviar- el motivo del crimen.
Esas tres escenas arrojaron una trágica cifra, ocho víctimas mortales en aproximadamente 48 horas: Cuatro por un ataque a la propiedad Campo Nuevo (en San Matías), dos en una nueva balacera, también en el municipio de San Matías, y dos con el doble asesinato de Yapacaní.
Campo Nuevo: Un ataque planificado, pero un móvil todavía abierto
El primer episodio ocurrió en la propiedad rural Campo Nuevo, situada a unos diez kilómetros del área urbana de San Matías. El director departamental de la FELCC de Santa Cruz, Jhonny Coca, informó que los principales sospechosos son cuatro ciudadanos de nacionalidad brasileña, quienes huyeron tras perpetrar la balacera.
La autoridad policial explicó que, según las primeras investigaciones, los hombres armados interceptaron a la hija del propietario de la estancia, Jhonny Arze Pillai, y que posteriormente ingresaron con ella a la propiedad Campo Nuevo, donde dispararon a Manuel Égüez Pedraza, Denys Espinoza Pedraza y Luis Alberto Rapp, quienes se encontraban trabajando en el lugar.
Los primeros reportes confirmaron tres muertos y una persona gravemente herida. El herido, trasladado a la ciudad brasileña de Cáceres, falleció después, elevando a cuatro el saldo de ese ataque.
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló que los hombres armados buscaban al propietario de la estancia. Esa versión permitiría pensar que los trabajadores asesinados no eran necesariamente el objetivo principal del operativo criminal, aunque esa posibilidad todavía debe establecerse dentro de la investigación.
Hasta el momento, la Policía no confirmó el móvil del crimen, pero entre las hipótesis baraja el posible secuestro de la hija y esposa del dueño de la estancia, versión aún no ha sido corroborada. Coca aseguró que la investigación recién está empezando.
Una segunda balacera en la frontera
Menos de 24 horas después, otra balacera fue reportada en Ascensión de la Frontera, una comunidad situada en el mismo municipio de San Matías y próxima al límite con Brasil.
Reportes policiales informaron que cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas interceptaron una camioneta y dispararon con armas de grueso calibre, provocando la muerte de sus dos ocupantes. En el mismo reporte preliminar, del Centro Especial de Inteligencia Policial, se explicó que un agente desplazado para reforzar la seguridad había muerto en otro tiroteo.
Yapacaní: una ejecución acompañada por un mensaje
Mientras San Matías acumulaba sus propios episodios, en la comunidad Central San Salvador, en Yapacaní, un agricultor encontró los cuerpos de dos jóvenes a unos 200 metros de la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba.
Las víctimas fueron identificadas como Bismar Ademar Gámez Vaca, de 25 años, y Matías Andy Tapia Esteves, de 22. Ambos tenían las manos atadas y habían sido decapitados. La investigación preliminar concluyó que fueron asesinados en otro lugar y trasladados después hasta el camino rural donde aparecieron.
Junto a los cuerpos se encontró una nota que acusaba a las víctimas de participar en secuestros, robos y agresiones contra personas vinculadas al narcotráfico. El mensaje pretendía presentar las muertes como castigo y advertencia para otras personas.
El fiscal David Soliz fue prudente: Todas las hipótesis continuaban abiertas y todavía no era posible determinar si el texto revelaba el verdadero móvil o si había sido colocado para desviar la investigación. Tampoco se había establecido públicamente si las víctimas tenían antecedentes, dónde fueron asesinadas ni quiénes participaron en el crimen.
Renuncia de Romer Saucedo
Paralelamente a los hechos de San Matías y Yapacaní, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que dejaría el cargo.
Atribuyó su decisión a la falta de respaldo institucional, al estancamiento de la reforma judicial y a los problemas presupuestarios; sin embargo, Saucedo ya venía advirtiendo públicamente sobre el deterioro de la seguridad y la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado.
Las declaraciones comenzaron tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en abril de 2026.
En los días posteriores, Saucedo sostuvo que el país enfrentaba un escenario en el que el sicariato y el crimen organizado estaban poniendo a prueba la capacidad de respuesta estatal.
Durante una reunión de autoridades realizada en Santa Cruz, afirmó que Bolivia estaba «declarando la guerra al sicariato y al narcoterrorismo» y pidió una respuesta coordinada de todas las instituciones para enfrentar esa amenaza.
En otra intervención pública fue todavía más explícito al advertir que «el sicariato le dobló el brazo al Estado». También reclamó que el asesinato de Claure fuera esclarecido con rapidez y transparencia.
En entrevistas posteriores, entre ellas una difundida por CNN y replicada por medios bolivianos, Saucedo habló de una «ausencia de Estado» frente al avance del crimen organizado y sostuvo que la protección a jueces y magistrados llegó únicamente después del asesinato de Claure, cuando el riesgo ya se había materializado.
Entre sus afirmaciones, Saucedo indicó que «Bolivia debe resolver sus conflictos con leyes y no con balas» y que la justicia no podía arrodillarse ante «el sicariato, los mercenarios y el crimen organizado».
Silencio en las altas esferas
Pese a que en menos de dos días se registró una sucesión de hechos violentos de alto impacto en Santa Cruz, no se observó una comparecencia pública conjunta de las principales autoridades nacionales, responsables del tema, para explicar si los casos guardaban relación, cuál era la hipótesis central de investigación o si existían medidas extraordinarias para contener la situación.
La información pública sobre los casos provino principalmente de autoridades policiales y fiscales de nivel departamental o local.
¿Guerra de cárteles?
En 2022, Jhonny Arze Pillai, dueño de la estancia Campo Nuevo, fue herido gravemente en San Matías. En esa oportunidad se lo vinculó con el Comando Vermelho.
Arze es primo hermano de ‘Choco’ Pillai, asesinado a balazos en San Matías hace unos siete años, en un ajuste de cuentas por narcotráfico.
Jhonny Arze Pillai, de acuerdo con investigaciones policiales y registros de expedientes, estuvo preso en la cárcel de Palmasola por delito de secuestro relacionados al narcotráfico. Sin embargo, la justicia le otorgó medidas sustitutivas con arraigo y firma del libro, pero nunca cumplió las medidas.
Jhonny Arze Pillai fue, además, vinculado con el asalto a un camión cargado con cocaína de alta pureza hace meses y que trataba de cruzar la frontera de San Matías rumbo a Brasil.
El motorizado estaba al mando de otros ciudadanos brasileños relacionados al tráfico internacional de cocaína.
En esa oportunidad, las investigaciones también señalaron a Arce Pillai estaría vinculado al asesinato en Santa Cruz del piloto Pablo Suárez Alipaz, registrado en junio de 2018. Según los informes el piloto también con antecedentes en tráfico de drogas fue perseguido y ejecutado cuando circulaba en su vagoneta por el tercer anillo del canal Cotoca.
Rosauro Maturana Ramos, asesinado cuando Arze Pillai fue herido en 2022, según la Policía, estuvo involucrado con delitos de organización criminal, posesión ilegal de armas, secuestro, robo y estupefacientes.
Tierra de nadie
En 20 años, hasta 2022, los informes policiales ya señalaban que al menos 150 personas murieron de forma violenta en San Matías, crímenes relacionados con ajustes de cuentas por las mafias del narcotráfico.
Entre las víctimas, en los últimos 20 años, figuran ex dirigentes cívicos de San Matías, exalcaldes, empresarios ganaderos, dueños de empresas de transporte y ciudadanos brasileños.
Orden de aprehensión para Evo en medio de los asesinatos
La nueva orden de aprehensión contra Evo Morales fue emitida y divulgada el 29 de julio de 2026, el mismo día en que comenzó a conocerse la matanza en la propiedad Campo Nuevo, en San Matías. La orden acusa a Morales de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por los bloqueos de mayo y junio contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
Si bien el proceso no nació ese día, la denuncia que derivó en la orden había sido impulsada con anterioridad: la información difundida por Bolivia TV señala que fue solicitada el 1 de julio por el Comité pro Santa Cruz, en relación con los 53 días de bloqueos.
Esta sería la segunda orden de aprehensión no ejecutada, en las mismas horas en que el país acumulaba asesinatos que podrían reflejar una guerra entre el Comando Vermelho y el PCC.
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