A pesar de las señales, históricamente el gobierno de turno negaba la posibilidad de que el crimen organizado hubiera echado raíces en el país, e incluso perforado la institucionalidad
InSight Crime, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Amazon Underworld, Naciones Unidas y reportes internacionales antidrogas no describen a Bolivia únicamente como un lugar donde aparecen emisarios.
Lo ubican como productor creciente de cocaína, nodo de rutas regionales, refugio de dirigentes extranjeros y territorio donde grupos locales cooperan con el PCC, el Comando Vermelho y otras organizaciones. Sus diagnósticos no son idénticos ni prueban que una sola mafia controle el país, pero coinciden en que la criminalidad transnacional ha superado hace tiempo la explicación oficial de operadores aislados.
Durante más de una década, los gobiernos bolivianos sostuvieron que el país recibía emisarios de cárteles extranjeros, pero no albergaba organizaciones criminales instaladas.
Las organizaciones internacionales especializadas han utilizado otro marco. No suelen afirmar que Bolivia esté controlada por un único cártel nacional. Describen, en cambio, un ecosistema fragmentado en el que productores, clanes familiares, intermediarios, funcionarios corruptos, transportistas, lavadores y grupos extranjeros cooperan para mover cocaína, oro, madera, armas y dinero.
La diferencia es fundamental. Una red criminal puede funcionar sin una bandera visible, sin controlar formalmente un municipio y sin desplazar completamente a la Policía. Puede depender de alianzas temporales, protección institucional, documentos falsos y proveedores locales.
InSight Crime: grupos extranjeros llenan el vacío boliviano
En octubre de 2025, InSight Crime publicó un análisis sobre los desafíos criminales que recibiría el nuevo presidente de Bolivia. La organización observó que la seguridad y el crimen organizado habían quedado relegados durante la campaña por la crisis económica, pese a que la economía ilícita estaba creciendo. Su diagnóstico fue directo: “El auge del comercio de cocaína atrae a grupos del crimen organizado transnacional”.
InSight Crime señaló que las fuerzas de seguridad habían descubierto 1.501 laboratorios de droga en 2024, un aumento del 74% respecto de 2023. Recordó además que el cultivo de coca alcanzó 31.000 hectáreas en 2023, por encima del límite legal de 22.000 hectáreas.
La organización sostuvo que Bolivia no tiene grandes organizaciones narcotraficantes propias del tamaño de los cárteles mexicanos o brasileños, pero agregó: “Hay evidencia creciente de que grupos extranjeros están entrando para llenar ese vacío”.
Esta explicación permite resolver una aparente contradicción. Bolivia puede no tener un cártel nacional centralizado y, al mismo tiempo, servir como plataforma para organizaciones transnacionales.
InSight Crime no necesitó demostrar que el PCC gobierna una población boliviana. Le bastó con documentar que obtiene cocaína, utiliza operadores locales, controla eslabones de rutas y mantiene integrantes o aliados dentro del país.
Bolivia en la expansión internacional del PCC
En su perfil actualizado del PCC, InSight Crime describe a la organización como la red criminal más grande y poderosa de Brasil, con operaciones en más de veinte países. La organización señala que, durante 2026, el PCC continuó ampliando rutas de cocaína a través de Bolivia y Paraguay.
Ese punto coincide con investigaciones anteriores de InSight Crime sobre la expansión regional del grupo: el PCC no funciona únicamente como una estructura que envía compradores. Mantiene organizaciones satélite, alianzas, abastecedores y redes logísticas en distintos países.
En enero de 2024, después de la incautación boliviana de 8,7 toneladas de cocaína impregnada en madera, InSight Crime advirtió que Bolivia estaba aumentando su papel en la producción y exportación de cocaína.
La organización señaló específicamente que, en territorio boliviano, el PCC disputaba rutas con el Comando Vermelho. Por tanto, la pugna entre ambas facciones no aparece en InSight Crime como una conjetura nacida de los asesinatos de 2026. Forma parte de una lectura anterior sobre el control de corredores de exportación.
Comando Vermelho: Avance por la Amazonía
InSight Crime describe al Comando Vermelho como la organización criminal más antigua de Brasil, nacida dentro del sistema penitenciario de Río de Janeiro, y posteriormente convertida en una red de narcotráfico. Su expansión regional se apoyó en alianzas con organizaciones amazónicas y en el acceso a cocaína de países productores.
La organización mantiene una relación de competencia con el PCC desde la ruptura de su pacto de no agresión en 2016. Esa disputa reconfiguró cárceles, ciudades y rutas de la Amazonía brasileña. Para Bolivia, importa porque el país comparte con Brasil una frontera extensa que conecta Santa Cruz, Beni y Pando con estados donde las facciones desarrollaron presencia territorial y logística.
Global Initiative: Cooperación entre mafias locales y grupos internacionales
La Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) va más lejos en su descripción de Bolivia. En su informe regional sobre criminalidad y dinámicas multicrimen, publicado en 2025, sostiene que “en Bolivia, grupos de tipo mafioso controlan el cultivo de coca y comercializan cocaína mediante acuerdos de cooperación con el PCC y el CV en Brasil”.
El informe menciona también vínculos con Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos de Ecuador, así como con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa de México.
La afirmación no significa que todas esas organizaciones tengan estructuras permanentes idénticas en Bolivia, sino que la producción y exportación boliviana forma parte de un mercado criminal conectado con compradores y redes de diferentes países.
El concepto clave es cooperación. Los grupos bolivianos no necesariamente son subordinados directos del PCC o del Comando Vermelho. Pueden funcionar como proveedores, socios logísticos o intermediarios de distintas organizaciones simultáneamente. Ese modelo fragmentado explica por qué no siempre existe un solo cártel visible, pero sí operaciones transnacionales continuas.
Amazon Underworld: Drogas, oro, pistas clandestinas y restricciones territoriales
El proyecto Amazon Underworld, desarrollado con participación de GI-TOC y organizaciones periodísticas regionales, documentó las economías criminales en la Amazonía. Su informe de 2023 describe el panorama boliviano como fragmentado, pero de fuerte impacto ambiental y de seguridad.
Identifica en Bolivia la presencia del PCC y del Comando Vermelho; clanes familiares; traficantes brasileños con acceso ocasional a documentos bolivianos; operadores colombianos; minería ilegal; tráfico de drogas; pistas clandestinas protegidas por hombres armados; y restricciones impuestas a guardaparques en territorios donde el Estado carece de seguridad suficiente.
Este aporte amplía el problema más allá del narcotráfico. Las organizaciones no solamente mueven cocaína, pueden compartir corredores, capital y mecanismos de protección con minería ilegal, madera, tráfico de tierras y otras economías ambientales.
InSight Crime ha señalado una tendencia similar para la Amazonía: cargamentos de madera pueden ser utilizados para ocultar cocaína, las rutas de drogas pueden servir a otros mercados ilícitos y las ganancias del narcotráfico pueden financiar minería, caminos ilegales o apropiación de tierras.
Esto no demuestra que cada incendio, desmonte o cargamento de madera en Bolivia pertenezca al crimen organizado. Obliga, sin embargo, a investigar las intersecciones y no estudiar cada economía de manera aislada.
El incremento de la violencia y la falta de datos oficiales
En su balance de homicidios de 2025, InSight Crime señaló un problema metodológico central: Bolivia no respondió a su solicitud de datos oficiales.
La organización encontró un reporte gubernamental con 774 denuncias de “delitos contra la vida” hasta septiembre de 2025, frente a 453 registradas durante todo 2024. Aclaró que la categoría es más amplia que homicidios y puede incluir otros delitos.
El mayor incremento se produjo en Santa Cruz, donde, según InSight Crime, organizaciones internacionales de tráfico de cocaína como el PCC habían competido por ganar espacio.
La ausencia de una estadística pública, nacional y desagregada impide responder con precisión cuántos asesinatos fueron sicariatos, ajustes de cuentas, violencia común o ejecuciones asociadas con redes criminales.
Ese vacío favorece dos distorsiones opuestas: Llamar sicariato a cualquier muerte con arma de fuego; o presentar cada asesinato como un expediente aislado sin examinar patrones.
Naciones Unidas: Producción creciente y mercado mundial en expansión
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mantiene un enfoque más prudente respecto de organizaciones específicas. Sus informes se concentran en cultivos, producción, mercados y capacidades institucionales. No suele identificar públicamente a una facción como responsable de cada ruta boliviana.
Sin embargo, sus datos proporcionan el contexto estructural. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 señala que la producción y oferta mundial de cocaína continúan en niveles récord, impulsadas por una demanda global creciente y por la diversificación de rutas.
Para Bolivia, el aumento de cultivos y laboratorios significa que existe más producto disponible para redes transnacionales. UNODC no sostiene que toda la producción boliviana esté bajo control del PCC o del Comando Vermelho. Sus datos sí permiten comprender por qué organizaciones con acceso a Brasil, puertos atlánticos y Europa buscan consolidar proveedores y rutas dentro del país.
El Gobierno estadounidense: Drogas, lavado y debilidad institucional
Los informes internacionales de control de narcóticos del Departamento de Estado estadounidense han descrito durante años a Bolivia como uno de los principales productores mundiales de cocaína y han señalado dificultades relacionadas con corrupción, lavado de dinero, controles fronterizos y cooperación antidroga.
El informe no prueba automáticamente la presencia territorial de un cártel concreto, pero su lectura coincide con el diagnóstico de otras organizaciones: La producción, la geografía fronteriza y las debilidades de control convierten al país en un nodo atractivo para redes internacionales.
En 2026, Estados Unidos elevó además la clasificación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas, ampliando instrumentos para seguir financiamiento, activos y facilitadores.
La decisión fue recibida por autoridades bolivianas como una oportunidad para investigar estructuras financieras, no solamente incautar droga. El entonces responsable antidroga Ernesto Justiniano sostuvo que estas organizaciones tienen capacidad “financiera, logística, territorial y armada”, cruzan fronteras, lavan dinero y corrompen instituciones.
Lo que no dicen las organizaciones internacionales
Ninguna de las fuentes serias revisadas permite afirmar que el PCC o el Comando Vermelho controlen todo el territorio boliviano. Tampoco que todos los asesinatos recientes (Pando, San Matías, Yapacaní) formen parte de una guerra única entre ambas facciones.
Las organizaciones internacionales describen un escenario más complejo: Redes locales fragmentadas; alianzas variables; proveedores independientes; clanes familiares; funcionarios corruptos; organizaciones extranjeras que compran, protegen y transportan cargamentos; y territorios donde el Estado tiene poca capacidad para fiscalizar. Esa complejidad es precisamente la que el término “emisarios” no consigue explicar. Un emisario cumple una misión y se marcha.
Las investigaciones documentadas incluyen personas que vivieron durante años en Bolivia, obtuvieron identidades falsas, construyeron relaciones locales, movieron grandes volúmenes de cocaína y recibieron posible protección institucional.
Dos narrativas que ya no pueden convivir sin explicación
La narrativa oficial sostenida hasta 2025 decía: “No existen cárteles instalados; existen emisarios. La narrativa de las organizaciones internacionales sostiene: “Bolivia es una plataforma de producción, tránsito, refugio, cooperación criminal y conexión entre grupos locales y organizaciones transnacionales”.
Las dos afirmaciones no son completamente incompatibles si “cártel instalado” significa solamente una organización que gobierna públicamente un municipio. Pero ese estándar resulta insuficiente para analizar redes criminales modernas. El crimen organizado no necesita reemplazar formalmente al Estado, puede utilizarlo. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué el Estado tardó catorce años en abandonar la explicación de que solo llegaban emisarios del crimen organizado al país?
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