En Bolivia, una investigación periodística puede enfrentar una amenaza que no siempre llega desde los tribunales: denuncias de copyright. Casos documentados internacionalmente muestran cómo el DMCA puede ser manipulado para retirar, desindexar o dificultar la circulación de información incómoda.
En internet, una denuncia por infracción de derechos de autor puede parecer, a primera vista, un mecanismo legítimo para proteger una obra. Sin embargo, investigaciones académicas y periodísticas han documentado cómo el sistema de notificaciones de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una ley estadounidense, también puede ser manipulado para intentar retirar de internet contenidos legítimos, incluidos artículos periodísticos.
La DMCA establece un procedimiento mediante el cual los titulares de derechos pueden solicitar a plataformas y buscadores que retiren o desindexen contenidos que consideran infractores. Google, por ejemplo, recibe estas solicitudes y las procesa bajo el régimen de protección conocido como “safe harbor”. Las notificaciones pueden quedar registradas en la Lumen Database, un proyecto de investigación de Harvard que recopila solicitudes de retirada de contenidos.
El problema aparece cuando la denuncia de copyright no busca proteger una obra original, sino conseguir que desaparezca información incómoda.
Una de las técnicas documentadas consiste en crear primero una copia falsa o manipulada de un artículo periodístico y publicarla en otro sitio con una fecha anterior a la publicación real del reportaje. Posteriormente, quien presenta la denuncia sostiene que el medio periodístico copió esa supuesta obra anterior y solicita su eliminación.
Lumen documentó este mecanismo después de analizar decenas de miles de notificaciones sospechosas. En abril de 2022, el equipo de Lumen informó que había recibido casi 34.000 avisos entre junio de 2019 y enero de 2022 que parecían formar parte de intentos deliberados y fraudulentos de abuso del sistema de copyright.
La técnica de la publicación retrodatada resulta particularmente relevante para el periodismo de investigación porque explota una debilidad del sistema: una plataforma puede recibir una denuncia que, formalmente, parece contener los elementos necesarios para reclamar derechos de autor, aunque la supuesta obra original haya sido creada únicamente para fabricar evidencia contra el contenido periodístico.
Harvard Law School también documentó este problema. Una investigación del Wall Street Journal descubrió cientos de denunciantes fraudulentos que copiaban publicaciones, las colocaban en otros sitios con fechas anteriores y posteriormente utilizaban esas páginas como supuesto respaldo para solicitar eliminaciones.
Uno de los casos examinados involucró un sitio abandonado de una mujer de Colorado que había sido tomado para publicar textos retrodatados en ruso sobre un empresario vinculado, según las acusaciones de las investigaciones citadas, con el crimen organizado. Esos textos falsos fueron utilizados como fundamento para intentar retirar de Google un artículo legítimo de investigación publicado por un medio afiliado a la Global Investigative Journalism Network.
Después de que el Wall Street Journal revelara la operación, Google restauró alrededor de 52.000 enlaces que habían sido eliminados.
La investigación de Berkman Klein Center, de Harvard, también ha advertido que las solicitudes fraudulentas pueden utilizar identidades falsas y credenciales ficticias. En ese contexto, el copyright deja de funcionar exclusivamente como un mecanismo de protección de propiedad intelectual y puede convertirse en una herramienta de censura, ocultamiento o gestión de reputación.
El fenómeno no es meramente teórico. Un análisis citado por Berkman Klein encontró que al menos el 4% de las notificaciones de DMCA examinadas en Google Images eran completamente infundadas y que otro 28,4% presentaba dudas sobre su validez.
La importancia para el periodismo es evidente: una investigación puede ser legítima y estar protegida por excepciones legales como el uso legítimo, pero aun así sufrir una retirada temporal, una desindexación o una pérdida de visibilidad mientras la plataforma procesa la denuncia.
El riesgo aumenta cuando el objetivo no es una fotografía, una canción o un texto reproducido ilegalmente, sino información sobre personas, empresas o redes de poder.
En esos casos, una denuncia de copyright puede convertirse en una forma indirecta de controlar la circulación de información: no necesariamente se intenta demostrar que el contenido periodístico es falso, sino que se busca conseguir que deje de aparecer.
La existencia de estas operaciones documentadas no significa que toda denuncia de DMCA sea fraudulenta ni permite atribuir automáticamente su utilización a organizaciones criminales. Sí demuestra, sin embargo, que el mecanismo puede ser explotado para fines ajenos a la protección legítima de los derechos de autor y que esa explotación ha alcanzado contenidos periodísticos.
Para una redacción que investiga corrupción, crimen organizado, empresas o funcionarios públicos, una notificación de copyright inesperada debería ser tratada también como una posible señal de alerta: verificar quién presentó la denuncia, qué obra reclama como original, cuándo fue publicada, si existía realmente antes del reportaje y si existen otras solicitudes similares contra el mismo contenido o contra otros medios.
El rastro documental de esas solicitudes puede ser precisamente lo que permita demostrar que una denuncia aparentemente aislada forma parte de un patrón.
Bolivia
En Bolivia, la historia de cómo una noticia incómoda puede empezar a desaparecer tiene un antecedente que se remonta al 8 de enero de 2023. Ese día, EL DEBER publicó una entrevista al exministro de Gobierno Carlos Romero, titulada “Romero: ‘Lo de la Fiscalía fue una operación para destruir documentos de narcotráfico’”. En ella, Romero habló de presuntas estructuras vinculadas al narcotráfico y pidió investigar la eventual participación de un hombre al que identificó como “Miguelito” en decisiones relacionadas con la FELCN. La entrevista fue reproducida ese mismo día por eju.tv, que identificó expresamente a EL DEBER como fuente: eju.tv, reproducción de la entrevista de Carlos Romero publicada el 8 de enero de 2023
Al día siguiente, 9 de enero de 2023, Brújula Digital publicó otra nota que recogía las declaraciones de Romero bajo el título “En Bolivia estamos en camino a un narcoestado: Las graves denuncias de Romero que no tienen eco en el Estado”. La publicación también dejó constancia de que las declaraciones habían sido realizadas en una entrevista con EL DEBER: Brújula Digital, publicación del 9 de enero de 2023
Con el paso del tiempo, esa historia tuvo otro capítulo. En abril de 2025 se informó sobre el cambio de propiedad de EL DEBER, con el ingreso de nuevos accionistas y miembros de su estructura directiva. Entre los nombres señalados en esas informaciones aparece Miguel Rockholt, la misma persona a la que se hacía referencia en la entrevista de 2023. La Razón, información sobre el cambio de propiedad de EL DEBER Brújula Digital, información sobre el cambio de propiedad de EL DEBER
Actualmente, la dirección original de EL DEBER donde estaba publicada aquella entrevista ya no conduce a la publicación de 2023. Sin embargo, el contenido no desapareció completamente de internet: quedó reproducido o citado por otros medios, entre ellos eju.tv y Brújula Digital.
Y entonces aparece un episodio que merece especial atención. El 10 de marzo de 2026, una persona identificada como Thomas Willson presentó ante Google una reclamación de derechos de autor bajo la legislación estadounidense DMCA contra la publicación de Brújula Digital de 2023.
Para entenderlo fácilmente: una reclamación DMCA permite pedir a una plataforma o buscador que retire o deje de mostrar un contenido porque supuestamente infringe derechos de autor. El problema aparece cuando alguien utiliza ese mecanismo para reclamar como propia una obra que en realidad apareció después de la publicación periodística original.
En este caso, como supuesto contenido original se presentó una publicación alojada en Tumblr, en una cuenta denominada jayashankarnews. Esa publicación reproduce el contenido de la nota de Brújula Digital.
La cuestión de las fechas es especialmente importante. Brújula Digital publicó su nota el 9 de enero de 2023, mientras que el identificador técnico de la publicación utilizada como supuesto original en Tumblr corresponde al 10 de marzo de 2026, precisamente la fecha en que fue presentada la reclamación ante Google.
Sin embargo, los datos de la nota indican que esta fue creada el 16 de febrero de 2022, a las 13:10 horas.
Tumblr permite además retrofechar publicaciones, es decir, hacer que una publicación aparezca con una fecha anterior a aquella en que realmente fue creada. La propia plataforma explica esta función: Tumblr, explicación oficial sobre publicaciones retrofechadas
Por eso, la pregunta no es simplemente si una página de Tumblr muestra una fecha anterior. La pregunta periodística es cuándo fue realmente creado ese contenido y para qué fue creado.
Google registra las reclamaciones de copyright y explica cómo funciona este sistema de notificaciones y cómo sus datos pueden ser consultados a través de Lumen: Google Transparency Report, información sobre solicitudes de retirada por copyright
Y aquí el caso boliviano conecta con un problema que ya ha sido documentado internacionalmente. Lumen, proyecto asociado a Harvard, ha identificado miles de reclamaciones fraudulentas o sospechosas en las que contenidos falsos o retrodatados fueron utilizados para intentar retirar publicaciones legítimas. En abril de 2022, Lumen informó sobre casi 34.000 notificaciones que parecían formar parte de un intento organizado de abusar del sistema de copyright: Lumen, “Over thirty thousand DMCA notices reveal an organized attempt to abuse copyright law”
Harvard Law School también documentó casos en los que se copiaban artículos periodísticos, se publicaban versiones retrodatadas y después se utilizaban esas publicaciones como supuesto respaldo para solicitar la eliminación de los contenidos originales. Harvard Law School, “Shine On”
Esto no demuestra por sí solo que exista una operación coordinada detrás del caso boliviano, ni permite afirmar quién está detrás de la reclamación. Pero sí deja una secuencia documental que merece ser investigada: una información publicada originalmente en 2023; la desaparición de su URL original; un cambio posterior en la propiedad del medio que la publicó; la permanencia de la información en otros medios; y, tres años después, una reclamación de copyright que utiliza como supuesto original un contenido cuya existencia técnica aparece asociada a la misma fecha de la reclamación.
La información puede desaparecer de una página, de un buscador o incluso de un medio. Pero mientras queden copias, archivos, fechas, identificadores y registros de las reclamaciones, la historia digital todavía puede reconstruirse.
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