Mientras el mundo habla de la COP30, celebrada en el corazón de la Amazonía brasileña, un informe revelador de InSight Crime expone cómo las redes criminales no solo devoran la selva, sino que sabotean cualquier esfuerzo global por frenar el cambio climático. En un panel virtual reciente, expertos advirtieron que la «gobernanza criminal» impuesta por grupos armados está convirtiendo la región en un polvorín ambiental, con implicaciones directas para las metas del Acuerdo de París y la transición ecológica.

La Amazonía, el pulmón verde del planeta que absorbe millones de toneladas de CO2 al año, enfrenta una erosión acelerada impulsada por delitos que generan miles de millones de dólares en ganancias ilícitas. Según el análisis de InSight Crime, el narcotráfico es el motor principal: los flujos de cocaína desde Colombia y Perú se lavan a través de inversiones en agronegocios, ganadería extensiva, apropiación ilegal de tierras y minería aurífera clandestina. Estas actividades no solo deforestan a un ritmo alarmante –con más de 10.000 km² perdidos anualmente en la región–, sino que imponen un control territorial férreo. Grupos armados como el Clan del Golfo o facciones disidentes de las FARC dictan «reglas» que suspenden derechos humanos y convierten a las comunidades indígenas en rehenes de la violencia.

En los últimos meses, la actualidad ha sido cruda. Solo en Perú, el pueblo Kakataibo en la región de Ucayali ha visto cómo líderes indígenas son blanco de ataques letales por oponerse a la tala ilegal y la minería. Un informe de Global Witness, citado en el panel, registra 2.253 defensores ambientales asesinados o desaparecidos entre 2012 y 2024, un promedio de uno cada dos días. «La criminalidad organizada no es un subproducto del cambio climático; es un impulsor directo y un bloqueador masivo de soluciones», enfatizó un experto durante la presentación, subrayando cómo estas economías ilícitas desmantelan los sistemas de gobernanza indígena, esenciales para la conservación.

Los impactos climáticos son devastadores y de alcance global. La deforestación por minería ilegal libera metano y CO2 atrapados en el suelo, exacerbando el calentamiento que ya ha elevado las temperaturas amazónicas en 1,5°C por encima de los promedios preindustriales. La construcción de carreteras ilegales y el cultivo de hoja de coca fragmentan ecosistemas, acelerando la desertificación y la pérdida de biodiversidad –más de 1.300 especies en riesgo en la cuenca–. En un contexto de sequías récord, como las de 2023-2024 que redujeron el caudal del Amazonas en un 50%, estos crímenes convierten la selva en un emisor neto de carbono, socavando la capacidad de la Amazonía para mitigar el cambio climático.

Para la COP30, esta dinámica representa un desafío existencial. Aunque conferencias previas han mencionado superficialmente el rol del crimen organizado, el informe de InSight Crime urge a integrarlo como eje central de la agenda. «Cualquier acuerdo climático será saboteado si no abordamos estos ecosistemas criminales que atrapan territorios y comunidades», advierten los autores.

Brasil, anfitrión de la cumbre, enfrenta presiones internas: El gobierno de Lula da Silva ha intensificado operativos contra la minería ilegal, pero la corrupción y la debilidad institucional permiten que el 80% del oro exportado sea de origen ilícito. Países como Colombia y Ecuador reportan alianzas transfronterizas entre carteles, complicando la cooperación regional.

Recomendaciones clave incluyen que la COP30 no sea solo un foro de promesas, sino un llamado a la acción contra el crimen transnacional fortalecer la inteligencia compartida entre naciones amazónicas; que se proteja a defensores indígenas mediante fondos internacionales y se regulen los flujos financieros ilícitos que financian la destrucción. Caso contrario, la selva –y con ella, el futuro climático– podría convertirse en el mayor fracaso de la diplomacia global.