La Conferencia de las partes número 4 del Acuerdo de Escazú, que se realiza cada dos años, se celebra del 21 al 24 de abril en Nassau (Bahamas), por primera vez en el Caribe. A pesar de los discursos ambientalistas, en Bolivia la realidad va en contracorriente.

Autor: Rafael Cabrera

¿Sabías que existe un acuerdo que te da derecho a saber, opinar y exigir justicia cuando el medio ambiente está en riesgo?

Este 21 de abril arrancó la COP4 del Acuerdo de Escazú en Bahamas, una cumbre clave que puede definir cómo se protegen los bosques, ríos y a quienes los defienden en América Latina.

Sin embargo, es inevitable sentir una profunda preocupación y sentido de urgencia. En las últimas semanas, un estudio científico ampliamente difundido en las redes ha corroborado y ha puesto en evidencia lo que desde hace años vengo denunciando como experto en geomática ambiental: El ecocidio sistemático que atraviesa nuestro país.

El Estudio de caso de Cotrina & Rodríguez-Montellano (1985–2024), basado en 40 años de imágenes satelitales Landsat, demuestra con cifras irrefutables la magnitud de la crisis, especialmente en Santa Cruz:

• Un promedio anual de 1,55 millones de hectáreas quemadas, con un récord histórico en 2024, que superó las 9 millones de hectáreas.
• La expansión del fuego hacia los bosques, afectando el 80% de la cobertura forestal.
• La devastación de ecorregiones críticas, como el bosque seco chiquitano (4,45 Mha), la Amazonía (2,51 Mha) y las sabanas inundables (2,23 Mha).

Estos datos no son simples estadísticas, son la prueba de un ECOCIDIO ESTRUCTURAL (Sí, con mayúsculas) que compromete la resiliencia ecológica, climática y social de Bolivia. La recurrencia de hasta 30 eventos en sabanas inundables y 21 en el Cerrado confirman que no enfrentamos un problema coyuntural, sino una degradación acumulada que amenaza nuestro futuro inmediato.

Lo más grave es que las cicatrices históricas del fuego no fueron registradas oficialmente, evidenciando la ausencia de un sistema estatal de monitoreo prolongado. La reconstrucción dependió de ONG’s, fundaciones y academia, no del Estado boliviano. Esta vacancia institucional nos deja sin soberanía ambiental y sin capacidad de respuesta.

Hoy, además, Bolivia enfrenta un compromiso histórico: El primer gran pacto ambiental de América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo se basa en cuatro pilares fundamentales que el Estado no puede seguir ignorando:

• Derecho a saber: Que el Estado informe con transparencia sobre proyectos que afectan nuestro entorno.
• Derecho a opinar: Que la voz de las comunidades cuente antes de aprobar proyectos que impacten su territorio.
• Derecho a la justicia: Que los daños ambientales puedan ser llevados a juicio y la naturaleza defendida de forma efectiva.
• Derecho a la defensa: Que quienes defienden el ambiente no sean perseguidos ni amenazados por hacer prevalecer los derechos colectivos.

El silencio y la omisión ya no son opción. Bolivia no puede hablar de bonos de carbono mientras ignora la pérdida de sus bosques. Sin transparencia, participación y reparación, cualquier mecanismo climático se convierte en encubrimiento.

Por ello, exhorto a que se actúe con responsabilidad y justicia mediante:

• La elaboración de un balance nacional de carbono, que incluya pérdidas históricas y recientes.
• Condicionar los bonos de carbono a restauración efectiva y auditoría independiente.
• Garantizar la participación comunitaria y el consentimiento libre, previo e informado.
• Reconstruir la institucionalidad ambiental mediante una agencia de resiliencia territorial.

El pueblo boliviano merece agua, suelo, bosques y dignidad. No podemos seguir tolerando que el fuego y la omisión institucional destruyan nuestro patrimonio común. La historia nos juzgará no por lo que dijimos, sino por lo que hicimos o dejamos de hacer. Recordemos, los delitos ambientales no prescriben.