El Estado boliviano dio a conocer su nuevo Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera, bajo el marco del Convenio de Minamata. Sin embargo, comunidades indígenas del norte paceño denunciaron que el documento se elaboró sin su participación efectiva y exigieron una revisión que las incluya en el diseño y la ejecución.

El plan plantea metas ambiciosas: alcanzar una reducción del 60% del uso de mercurio para 2031, a través de un esquema dividido en tres etapas. La primera, a corto plazo, implica que el 5% de los actores productivos mineros abandonen las peores prácticas con mercurio; luego entre 2027–2029 se debe llegar al 35%; y finalmente en 2030–31 al 60%. En minería aluvial, el objetivo es reducir las pérdidas de mercurio a 21–27 toneladas anuales.

No obstante, organizaciones como Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) indican que fueron excluidas de la elaboración del PAN: “Nos mostraron un plan ya listo y lo llamaron socialización; no participamos”, manifestó una de las dirigentes.

El plan tampoco incorpora un control claro sobre la importación y el volumen de mercurio que ingresa al país, algo que organismos internacionales han señalado como una laguna significativa.

Frente a este escenario, las autoridades indígenas exigen al futuro gobierno de Rodrigo Paz y al Estado una revisión del PAN que asegure la consulta previa, libre e informada, y que establezca vínculos reales con las comunidades más afectadas por la minería aurífera y la contaminación con mercurio.