Por: Rafael Marcelo Cabrera Bejarano
A las autoridades del Estado, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional: A noticias, comentarios técnicos sin una planificación y a meterle nomás sin criterio, con profunda preocupación y responsabilidad profesional académica y ética, me dirijo a la población para alertar sobre la magnitud del ecocidio que atraviesa Bolivia, y la contradicción alarmante entre el discurso oficial sobre sostenibilidad, resiliencia y la realidad de nuestros bosques.
Diagnóstico del ecocidio
Según el Global Wildfire Information System (GWIS), en 2024 se quemaron 16,4 millones de hectáreas en Bolivia, de las cuales entre 6 y 8 millones corresponden a bosque alto, ecosistemas densos con biomasa crítica que sostienen la biodiversidad, que regulan el clima y garantizan agua para la producción agrícola.
La pérdida de estos bosques afecta directamente a territorios indígenas, áreas protegidas y zonas estratégicas para la seguridad alimentaria. Sin un inventario oficial de carbono perdido ni auditoría gubernamental por la Contraloría, con independencia, cualquier iniciativa de bonos de carbono corre el riesgo de convertirse en encubrimiento climático.
Institucionalidad debilitada
La eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua representa un retroceso institucional inadmisible. Sin un ente rector:
• Se desmantela la capacidad de planificar y fiscalizar políticas ambientales.
• Se incumplen compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
• Se agrava la vulnerabilidad ciudadana frente a sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad.
La defensa de la institucionalidad ambiental es la defensa de nuestra soberanía real: agua, suelo, bosques y seguridad alimentaria.
Oportunidad en la COP30
La COP30 en Belém do Pará, Brasil, coloca a Bolivia en el centro de la agenda amazónica. Este espacio abre la posibilidad de:
• Bonos de carbono “premium” de alta integridad (carbono + biodiversidad + justicia social).
• Mercados soberanos (Artículo 6.2) con acuerdos bilaterales Estado–Estado, evitando especulación privada.
• Justicia de precios, elevando el valor de los créditos amazónicos hacia rangos justos (10–20 USD/ton) frente al promedio actual de 3–7 USD/ton.
• Mecanismos de no mercado (Artículo 6, que permiten financiamiento por desempeño y gestión integral de bosques).
• Inclusión comunitaria, garantizando beneficios directos para pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Para que Bolivia transforme la crisis en oportunidad, es imprescindible:
• Fortalecer el Viceministerio de Medio Ambiente o crear una Agencia de Resiliencia Territorial.
• Elaborar un balance nacional de carbono que incluya pérdidas históricas y recientes.
• Condicionar los bonos de carbono a restauración efectiva y auditoría Gubernamentales por la contraloría e independiente.
• Garantizar participación comunitaria y consentimiento libre, previo e informado (FPIC).
• Diversificar más allá de bosques hacia agricultura regenerativa, ganadería sostenible y economía circular.
Bolivia no puede hablar de bonos de carbono sin enfrentar su pérdida forestal. El ecocidio es el diagnóstico central. La institucionalidad ambiental es la condición habilitante y la COP30 es la oportunidad internacional.
Solo integrando estos tres elementos (diagnóstico, institucionalidad y oportunidad) podremos transformar la crisis en resiliencia y justicia climática, garantizando agua, suelo, bosques y dignidad para nuestro pueblo.
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