La Defensoría del Pueblo manifestó su seria preocupación ante el anuncio realizado por el Órgano Ejecutivo, respecto al posible cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), institución que cumple un rol fundamental en la coordinación estatal y en la protección de los derechos humanos en el país.
Según la entidad defensorial, la eventual eliminación del ministerio genera incertidumbre sobre el destino de numerosas instancias que brindan atención esencial a sectores vulnerables, entre ellos niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; y víctimas de violencia en sus diversas formas.
El MJTI ha sido responsable de la conducción y supervisión de servicios estratégicos como el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), además de otras unidades que ofrecen asistencia jurídica, psicológica y social gratuita.
Asimismo, la cartera ministerial tenía a su cargo la presidencia y secretarías técnicas de importantes consejos interinstitucionales, incluyendo el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación para una Vejez Digna, y el Consejo por la Niñez y Adolescencia, entre otros. Estos espacios han sido clave para el desarrollo de políticas públicas multisectoriales, alineadas con estándares internacionales.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a aclarar de manera inmediata cómo se reestructurarán estas funciones y qué mecanismos garantizarán la continuidad de los servicios especializados, a fin de evitar retrocesos en materia de protección y promoción de derechos humanos.
La institución defensorial, con acreditación internacional “A” y plena autonomía, reafirmó su compromiso de vigilar y exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de toda la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Desde el Gobierno
El Gobierno nacional afirmó que el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional reafirma su compromiso con un Estado verdaderamente democrático basado en la independencia de poderes.
Recordó que ese ministerio fue utilizado durante años con fines “ajenos a su misión constitucional, convirtiéndose en un instrumento de persecución política e injerencia indebida sobre otros órganos del Estado”.
“Su cierre marca el fin de una etapa dolorosa en la que se vulneraron derechos y se afectó la vida de miles de bolivianas y bolivianos”, aseguró.
“Con esta decisión, el nuevo Gobierno reafirma su compromiso con un Estado verdaderamente democrático, basado en la independencia de poderes, el respeto a las libertades y la defensa irrestricta de los derechos humanos”, refiere un comunicado de la Oficina del Presidente Rodrigo Paz Pereira.
En cumplimiento de uno de sus compromisos de campaña, el primer dignatario anunció en esta jornada el cierre del Ministerio de Justicia para acabar con la persecución y la injerencia política en la justicia.
“Hoy estoy cumpliendo mi palabra de cerrar ese Ministerio de Justicia”, dijo acompañado del ahora exministro de Justicia Jorge Franz García, quien precisamente condujo “el proceso de cierre” del Ministerio.
Desde el Órgano Judicial distintas autoridades saludaron la determinación presidencial.
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, afirmó que éste es un paso firme para la reforma judicial.
“Saludamos este paso firme a la independencia judicial, ahora sí el ciudadano boliviano podrá creer en una justicia transparente que no esté sometida al calor político”, aseveró.
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