Encabezan la lista de perpetradores el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Los principales sectores económicos involucrados son la minería, el agronegocio, la mercantilización de tierras y avasallamientos, además de los hidrocarburos.
Un alarmante informe del Centro de Estudios y Documentación de Bolivia (CEDIB) expone al aparato estatal boliviano como el principal perpetrador de abusos contra defensores ambientales y pueblos indígenas, involucrado en aproximadamente el 70% de las instancias de violaciones registradas entre mayo y agosto de 2025.
El reporte «CEDIB Informa: Reporte de Derechos Humanos en Bolivia – mayo a agosto 2025», analiza 44 casos de vulneraciones a los derechos al medioambiente sano y territoriales, destacando cómo instituciones estatales a escala nacional, departamental y local facilitan o cometen directamente estos atropellos, a menudo en complicidad con sectores extractivistas como la minería y el agronegocio.
Según el informe, que detalla a los perpetradores, el Estado aparece en 82 de las 117 menciones totales de responsables (considerando superposiciones en casos múltiples), lo que representa cerca del 70% del total de instancias de abuso. Entre las entidades estatales más señaladas se encuentran: El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), involucrado en 13 casos (30%); la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Minería, en 11 casos (25%); la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), también en 11 casos (25%); el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en 9 casos (20%); los gobiernos central y departamentales, cada uno en 9 casos (20%); autoridades municipales, en 9 casos (20%); y autoridades judiciales, en 5 casos (11%).
Otras instancias, como la Defensoría del Pueblo y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), en 2 casos cada una (5%), junto con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 2 casos (5%).
«Estas cifras no solo reflejan una omisión sistemática del Estado en la protección de derechos colectivos, sino una acción directa que perpetúa la violencia extractivista en territorios indígenas y campesinos», afirma el informe del CEDIB. El documento subraya que, por acción u omisión, el Estado boliviano –a través de sus diversas instancias– configura un patrón de responsabilidad en la mayoría de los casos, exacerbando la crisis de derechos humanos en un contexto de deterioro del Estado de derecho.
Minería y agronegocio: Los motores principales de las violaciones
En paralelo, el informe pone énfasis en los sectores económicos como catalizadores clave de estos abusos, con la minería liderando con 21 casos (48% del total), seguida del agronegocio, monocultivos y carne de exportación en 17 casos (39%), y la mercantilización de tierras en 16 casos (36%). Otros rubros como hidrocarburos (2 casos, 5%) e infraestructuras (4 casos, 9%) completan el panorama, evidenciando un claro predominio del extractivismo que vincula al Estado con intereses privados.
De acuerdo al documento, se evidencia un claro predominio del sector minero y el agronegocio, estrechamente vinculado a la mercantilización de tierras. Estas actividades no solo generan contaminación masiva –como el 45% de casos por contaminación de agua, ríos y fuentes (20 casos)– y deforestación (34%, 15 casos), sino que invaden espacios colectivos no fraccionables ni mercantilizables, afectando principalmente comunidades rurales (50% de ocurrencias) e indígenas.
Víctimas: Pueblos Indígenas y ecosistemas bajo amenaza
Las vulneraciones impactan desproporcionadamente a ecosistemas y territorios (25 casos, 57%), pueblos indígenas de la Amazonía (16 casos, 36%) y Chiquitania (7 casos, 16%), así como comunidades campesinas de tierras altas (12 casos, 27%) y ríos/cuencas (14 casos, 32%).
Formas como la «medida legislativa o administrativa para más extractivismo sin consulta previa» (11 casos, 25%) y la «adquisición ilegal de tierras o indicios de corrupción» (8 casos, 18%) destacan la presión sobre áreas protegidas (20%) y urbanas (9%).
«El común denominador es el carácter colectivo de la propiedad y gestión, con la presión y violencia de los extractivismos concentrados en territorios no fraccionables, por tanto, no mercantilizables», resalta el CEDIB en su análisis. Además, se reportan desastres ambientales en grandes proporciones (5 casos, 11%) e incendios (4 casos, 9%), con impactos en poblaciones urbanas como Tipuani y Guanay, donde la contaminación por desechos mineros amenaza la salud pública.
Llamado urgente a la acción
El CEDIB urge una investigación profunda y medidas correctivas, advirtiendo que «la presión y violencia de los extractivismos se concentran en los territorios que no son fraccionables y, por tanto, mercantilizables». Con solo el 9% de casos resueltos judicialmente, el informe critica la inacción estatal y llama a la sociedad civil, organismos internacionales y defensores a visibilizar estos patrones para revertir la «profunda crisis de los derechos humanos en Bolivia».
El reporte completo está disponible en: https://www.cedib.org/biblioteca/cedib-informa-reporte-de-derechos-humanos-en-bolivia-mayo-a-agosto-2025/.
